Archivo de discordia

LA CAPACIDAD española para el esperpento parece inagotable. La polémica sobre el Archivo Histórico Nacional con sede en Salamanca, donde se guarda documentación requisada por el franquismo a las instituciones republicanas, ha venido a a1adir nuevas escenas grotescas al guiñol hispánico: guardias municipales desplegados por orden del alcalde socialista para evitar que "los catalanes" se lleven los papeles, movilización de la sociedad salmantina, rasgar de vestiduras y lamentos nacional-victimistas en Cataluña... Todo parece extraído de un mal sainete decimonónico. Sosiego, por favor.No hay duda de que esta polémica no pertenece al terreno de los debates científicos y está contaminada por actitudes emocionales de unos y otros y, por una polémica de carácter más general, como es la del papel y las relaciones de Cataluña con el resto de España. No hay duda de que las autoridades catalanas no han sabido explicar las cosas, buscar el consenso y contribuir a un clima de diálogo democrático y de acuerdo entre instituciones. Por el contrario, existe la sensación de que en ocasiones fomentan este tipo de conflictos para tensar las pasiones nacionalistas.

Pero hay unos hechos que están claros. La documentación de un Gobierno legítimo, el de la Generalitat republicana, fue trasladada como botín de guerra y gracias al derecho de conquista a Salamanca. Allí fue utilizada con fines represivos por parte del Tribunal para la Represión de la Masonería y del Comunismo, sin que en ningún caso se planteara su uso desde un punto de vista científico. Tal como ha señalado la ministra de Cultura, Carmen Alborch, nadie puede sensatamente defender que este archivo es parte del patrimonio cultural de Castilla, porque sería como convertir en señas de identidad castellanas el expolio franquista y la represión contra los republicanos. Nada más injusto y sangrante para una región como la castellana, que sufrió también en sus carnes la represión del franquismo.

En los últimos años del franquismo y en años posteriores el Archivo ha sido utilizado profusamente por los historiadores, sin que nunca haya llegado el momento de organizar y ordenar el cúmulo de papeles allí almacenados. La unidad de archivo invocada por algunos de estos historiadores ante los proyectos de dispersión es perfectamente garantizable por medio de la reproducción y filmación. Historiadores extranjeros como Ian Gibson, Gabriel Jackson y Paul Preston, no implicados emocionalmente en el debate, se han manifestado a favor del retorno de los originales a Cataluña. Así se puede dar satisfacción al legítimo deseo de la Generalitat de recuperar parte de su propia historia y al interés de Salamanca por mantener en sus archivos la documentación que forma parte de nuestra historia común. La tecnología digital lo hace posible. Incluso el acceso a través de redes informáticas. El valor de los archivos para la investigación no se ve mermado por el hecho de que una parte esté compuesta por copias. Estamos hablando de documentación, en gran parte áridos legajos burocráticos, no de La Gioconda ni de Las Meninas.

Y ya que de repente todos parecen tan interesados por los archivos, podría aprovecharse para crear en Salamanca un centro de documentación de la democracia, tal como propuso en su día el Ministerio de Cultura. El actual conflicto es fruto de una larga maduración. En la transición se produjeron las primeras reclamaciones para que el archivo fuera devuelto a Cataluña. La restauración de la Generalitat en 1977 en la persona del presidente en el exilio y representante precisamente de la legitimidad republicana, Josep Tarradellas, dio nuevas alas a la devolución: se trataba de devolver lo que era suyo a una institución que volvía a existir. No se produjo, entre otras razones, porque Cataluña no contaba con una institución para acoger los papeles. Quince años después, la institución existe. El edificio del Arxiu Nacional de Catalunya, en Sant Cugat del Vallés, está preparado para acoger toda la documentación producida por las actuales instituciones autonómicas y la documentación correspondiente a la etapa republicana. En consecuencia, nada más lógico que la devolución de estos papeles a Cataluña.