Responder ¿de qué y ante quíen?
No hay responsabilidad sin compromiso. Tampoco hay responsabilidad sin libertad. Uno debe responder de lo que hace si no actúa coaccionado. Y debe responder ante quien tiene derecho a exigirle una determinada forma de conducta. Por el hecho de vivir en un Estado de derecho, los ciudadanos, además de ser sujetos de derechos, tienen ciertas obligaciones jurídicas de cuyo incumplimiento deben responder ante los representantes de la justicia. Por el hecho de vivir en un régimen democrático, los representantes del pueblo se comprometen a gobernar y a gestionar los asuntos públicos de acuerdo con unos programas e ideales determinados, de los que también deben responder. Por el hecho de asumir unos principios éticos, nos comprometemos a vivir conforme a ellos y a responder de ellos ante la conciencia. Repito, la responsabilidad supone una obligación o un compromiso.. Se piden responsabilidades cuando el compromiso se rompe o las obligaciones se incumplen. De ahí que el concepto de responsabilidad vaya inevitablemente unido al de culpa. Uno es responsable de lo que ha hecho mal, y esa responsabilidad implica el deber de purgar la culpa enmendando el daño hecho o aceptando la pena correspondiente.
El tipo de compromiso adquirido determina, en gran medida, el tipo de responsabilidad y el modo de asumirla. De ahí que haya que distinguir entre la responsabilidad jurídica, la responsabilidad política y la responsabilidad moral. En la primera el compromiso es nítido: lo marca la ley y el delito está tipificado. La responsabilidad jurídica la determina el juez. Hay un margen de interpretación al aplicar la ley, sin duda, pero existe una medida objetiva, codificada. Porque es así, en principio nadie tiene obligación de autoinculparse, todo el mundo está protegido por la presunción de inocencia. Si existe la culpa, quedará demostrada y, en consecuencia, se pedirán responsabilidades al inculpado obligándole a cumplir una condena.
La responsabilidad política es más subjetiva. No cuenta con el referente de la ley, está más cerca del sentimiento. El político se siente responsable de lo que ha hecho -o de lo que dejó de hacer- al ser inculpado por la oposición o por los electores, cuando éstos le piden cuentas y no logra convencer de que cumplió con su deber. Como cualquier otro ciudadano, el político está obligado a acatar la ley e incurre en responsabilidades jurídicas si no lo hace. Pero, además, tiene un contrato con la ciudadanía y debe demostrar la coherencia y la voluntad de mantenerlo en los términos esperados por loselectores. Lo que le obliga jurídica o políticamente no es lo mismo. No es funcion de los ciudadanos, ni del Parlamento, hacer al político responsable de presuntos delitos, pero sí de otros incumplimientos: de no cumplir su programa, de ser incoherente con sus proclamas, de generar una crisis o no saber impedirla, de contribuir al descrédito general de la política.
¿De qué forma el político demuestra que asume su responsabilidad política? ¿Dimitiendo? ¿Anticipando las elecciones? ¿Con mociones de confianza? Tampoco está claro. La oposición simplifica y frivoliza cuando pide la dimisión por cualquier motivo: igual por el caso Guerra, que por los GAL; iguál por el caso Roldán, que por el caso Palomino. Aristóteles habla de la "prudencia" del político: la sabiduría de la decisión justa en el momento justo. Proponer la misma sálida sea cual sea el problema no es ni de sabios ni de prudentes. La dimisión no es la única respuesta que prueba que un político asume su responsabilidad. Lo que es imprescindible es que haya alguna respuesta y que sea convincente. Si el juez, con la ley en la mano, demuestra la culpabilidad o la inocencia, también el ciudadano necesita una prueba y exige la respuesta adecuada. Saber darla es propio del buen político.
Confundir la responsabilidad jurídica con la política es "judicializar" la política. Dejar que sean los jueces quienes prueben si este Gobierno -o el que hubo en su momento- fue responsable de los varios hechos que hoy son causa de sospecha, es inhibirse de otras responsabilidades que van más allá que las jurídicas. Como bien vio Weber, el político debe hacerse responsable de las consecuencias de sus actuaciones -no sólo, de lo que supuestamente hizo en un momento dado-, consecuencias como las antes apuntadas: desprestigio de la política, desconfianza en el proyecto socialista, crisis económica, deterioro del clima político.
Remitir las responsabilidades políticas a la próxima convocatoria electoral tampoco parece demasiado satisfactorio. El modelo sigue siendo el jurídico. Por decirlo así, el político -o su partido- se amparan en la presunción de inocencia, y dejan que sean las urnas las que determinen su culpabilidad. Es una opción, legítima, sin duda, pero no muy gloriosa. Precisamente, cuando las urnas castigan, lo que están diciendo es que no fue asumida la responsabilidad política por parte del partido en cuestión. Por eso lo condenan. Lo condenan porque no estuvo a la altura de sus propios principios y no supo reconocerlo a tiempo.
