Policías y jueces
El funcionamiento de la Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial -presidida por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, cargo ocupado en este periodo por Antonio Hernández Gil y Pascual Sala- y el medio centenar de comisiones provinciales se han financiado con partidas reservadas. Este organismo tenía y tiene como fin agilizar la cooperación entre la judicatura e Interior. En este caso, las entregas tampoco tenían, una periodicidad estable.Carlos Granados, actual fiscal general del Estado y ex secretario de la comisión, no precisa el monto que recibía el organismo para su funcionamiento, pero sí detalla que la partida del medio centenar de comisiones provinciales oscilaría entre las 70.000 y 200.000 pesetas al año para cada una. Granados recuerda que "Interior tenía la responsabilidad de poner en marcha las comisiones".
Añade que el destino del dinero siempre ha estado controlado, y puntualiza que nadie sabe el origen del dinero entregado por Interior. Al menos hasta finales de 1993, en la etapa de Rafael Vera, tal financiación corrió a cargo de los fondos reservados. "Interior se encargaba de pagar todo, y no sabemos la procedencia del dinero", remacha Granados.
Interior ha manejado documentos de recepción de dinero para la comisión suscritos por el propio Granados por un importe de 2,5 millones de pesetas, extremo que no recuerda el hoy fiscal general del Estado.
