Interior desvió fondos reservados para pagar gastos en la Audiencia Nacional y otros órganos judiciales

El Ministerio del Interior ha pagado con fondos reservados gastos extraordinarios, surgidos en diversos órganos judiciales, al menos desde el año 1987. La Audiencia Nacional, la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial -con su medio centenar de delegaciones provinciales-, el Centro de Estudios Judiciales y la Fiscalía Antidroga figuran entre los organismos de la judicatura que han recibido y gestionado, con periodicidad irregular, partidas de los fondos reservados. Asimismo, con cargo a la misma partida de dinero opaco, Interior ha retribuido a decenas de jueces, fiscales y abogados por conferencias pronunciadas en cursos de formación de policías y guardias civiles.

Todos los responsables de los órganos mencionados, así como jueces y fiscales tan significados como el magistrado Baltasar Garzón, el teniente fiscal Eduardo Fungairiño, el teniente fiscal de la Fiscalía Antidroga Javier Zaragoza y el juez de delitos monetarios Miguel Moreiras han reconocido estar al tanto de que interior enviaba dinero a los organismos a los que pertenecían o bien haber recibido dinero de Interior por sus conferencias a funcionarios.Excepto en un caso -el del Centro de Estudios Judiciales-, todos puntualizan que ignoraban la procedencia del dinero. Unánimemente señalan los fines absolutamente legales a los que se destinaron las cantidades recibidas y, en su caso, la corrección de los pagos con los que se les retribuyó.

La Audiencia Nacional ha recibido y recibe periódicamente de Interior diversas sumas que algunas fuentes cifran en un promedio mensual de entre uno y dos millones de pesetas. Al menos hasta finales de 1993 está confirmado que tales sumas procedían de fondos reservados. En la actualidad sólo consta su entrega en metálico y la procedencia de Interior.

Estos abonos arrancan del asesinato de la fiscal de la Audiencia Nacional Carmen Tagle por ETA el 12 de septiembre de 1989. La misma tarde del asesinato los jueces reclamaron y obtuvieron de Interior mecanismos de protección permanentes, entre los que se incluían escoltas y vehículos blindados. Hasta ese momento sólo disponía de escolta el presidente de la Audiencia Nacional, Fernando de Mateo.

Gastos extra

Interior comenzó a entregar periódicamente dinero procedente de los fondos reservados a la Audiencia Nacional para sufragar los gastos extra que suponían a los escoltas estar de servicio las 24 horas, en varios turnos. Con ese dinero se complementaron las dietas "oficiales" de los policías, que, en muchos casos, no alcanzaban para compensar los gastos de alojamiento y manutención en que incurrían en el servicio de protección a jueces y fiscales.

Inicialmente, el centralizador de las sumas de fondos reservados fue el Juzgado número 5, el del juez Baltasar Garzón, quien delegó la tarea de gestión de tal capítulo en una secretaria de su máxima confianza. Tanto el juez Garzón como la funcionaria mencionada han reconocido que, efectivamente, Interior destinaba una cantidad periódica -sin determinar- para el pago de complementos de dietas de los escoltas y que su juzgado centralizó durante un tiempo los abonos a los policías. Este magistrado puntualiza que desconoce si el origen de ese dinero era de fondos reservados, y señala que "antes del pasado verano" informó por escrito a la Fiscalía General del Estado para evitar cualquier posible malentendido en el futuro. La secretaria de Garzón administró tales fondos reservados para dietas de funcionarios durante varios meses.

Cuando Rafael de Mendizábal, en junio de 1991, asumió la presidencia de la Audiencia Nacional, recabó personalmente la recepción y control de tales partidas. Posteriormente, Mendizábal derivó la responsabilidad de contabilizar estos ingresos y pagos en una funcionaria con la que hoy está casado.

Tanto Mendizábal como esta funcionaria aseguran que hasta ese momento no existía un control estricto en la contabilización de los pagos. Añaden que del juzgado de Garzón no recibieron apenas documentación sobre la justificación de tales pagos. Sobre este punto, la funcionaria que se ocupó de los fondos, durante la etapa de Garzón asegura que aún guarda la documentación que prueba el destino del dinero.

"No me consta el carácter de los fondos que Interior entrega a la Audiencia, aunque no me extrañaría que procediera de los fondos reservados. En cualquier caso, me parece una utilización legítima por parte de Interior". El dinero procedente de Interior ha llegado siempre a la Audiencia Nacional en metálico y dentro de carpetas, sin una periodicidad estable, según explica la funcionaria que heredó tal tarea del juzgado de Garzón y que aún hoy lo gestiona.

El primer funcionario de Interior que entregó personalmente tales sumas fue Juan de Justo, el ex secretario de Rafael Vera que administró los fondos reservados. Ambos han sido recientemente encarcelados por Garzón por desviar, supuestamente, fondos reservados para los dos, condenados por el caso GAL, los ex policías José Amedo y Michel Domínguez. En el caso de Vera, la acusación se extiende a financiar el secuestro de Marey.

Buena voluntad

Mendizábal, al igual que el acual presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, destacan que el dinero procedente de Interior se destinó siempre al pago de complemento de dietas de personal de Interior. "Aquí, nadie que no sea policía ha cobrado de esa partida. Sencillamente, una funcionaria [de Justicia] tiene la buena voluntad, por las razones que sea, de llevarles las cuentas [a los escoltas]. No es, por tanto, un gasto de Justicia", apunta Auger. El actual presidente de la Audiencia Nacional reconoce que ignora por qué no es Interior el que paga las dietas de los escoltas directamente.

En la Fiscalía Antidroga, a partir de las quejas presupuestarias del entonces fiscal jefe José Aparicio (1991) y hasta hasta finales de 1993, también se recibían periódicamente partidas de fondos reservados de Interior con destino a dietas y gastos de representación tanto de los fiscales como de los escoltas, según confirman responsables de dicho organismo judicial.

Al principio, según explican fuentes de la propia Fiscalía Antidroga, su monto no rebasaba las 50.000 pesetas mensuales. Luego, el pago se elevó a 100. 000 pesetas. Otras fuentes, sin embargo, elevan dicha ayuda del Ministerio de Interior a 500.000 pesetas mensuales. Esta última suma la desmiente tajantemente el teniente fiscal del departamento, Javier Zaragoza.