La Generalitat dice que los funcionarios de Justicia tíenen que saber catalán

El Departamento de Justicia de la Generalitat considera que todos los funcionarios judiciales de Cataluña "están obligados a conocer y entender el catalán" tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según un informe reciente elaborado por ese departamento, que reconoce que la normalización lingüística en este campo avanza lentamente por el desconocimiento de la lengua catalana por los jueces y porque los abogados la utilizan poco.La normalización lingüística en la Administración de Justicia es uno de los objetivos prioritarios, que se ve dificultado por el desconocimiento que del catalán tienen los jueces y el personal judicial, y por la gran movilidad de todos ellos.

El Departamento de Justicia reconoce la "actitud sensible" del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Guillem Vidal, en relación con este asunto, así como la labor que en el terreno de la normalización lleva a cabo el Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña. Pese a ello, el informe señala que "sería deseable que. los abogados utilizasen más la lengua catalana, tanto en las actuaciones orales como en las escritas, ante los órganos jurisdiccionales".

Este informe fue elaborado antes de que el Partido Popular presentara recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que ha suprimido la posibilidad de que un juez pida, de oficio, que se traduzca al castellano un documento escrito en una lengua oficial de una comunidad autónoma. El informe de la Generalitat admite que esa reforma de la ley "comporta que todos los funcionarios de la Administración de Justicia están obligados a conocer y entender el catalán", si bien el proceso de normalización deberá ser paula tino, porque "no se puede pretender cambiar determinadas actitudes en poco tiempo".

Posición de los decanos

La Generalitat ha puesto en marcha un programa de dinamización lingüística en las oficinas judiciales. Según el mencionado estudio, el 30% de las oficinas judiciales no colabora en la implantación del programa de normalización, el 36% lo hace habitualmente y el 34% lo hace de forma esporádica.

Por otra parte, los decanos de los 14 colegios de abogados existentes en Cataluña han hecho público un documento en el que lamentan la interposición por el PP de un recurso de inconstitucionalidad contra la LOPJ y señalan que "no se puede negar a los ciudadanos de Cataluña el derecho a usar la lengua catalana en sus relaciones con la Administración de Justicia, como tampoco se les puede negar el uso de la lengua castellana".

Es evidente, añaden los decanos, que ello pide una actitud positiva por parte de jueces y funcionarios en general, "por lo cual es preocupante que el recurso tenga, según se ha dicho, apoyos en colectivos profesionales de la judicatura".