España lleva seis años haciendo mal los estudios de impacto ambiental de la UE

El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA) lleva seis años aplicando mal los estudios de impacto ambiental de obras públicas que exige la UE. No lo dicen los ecologistas; lo reconoce la propia Administración. El director general de Política Ambiental, José Ramón González Lastra, presentó ayer el borrador de la nueva ley de impacto ambiental. "La actual, en vigor desde 1988, no es satisifactoria", declaró.

González Lastra matizó que los trámites para la aprobación de la nueva ley pueden durar todo 1995. O sea, otro año más en que se cumplirá a medias el requisito que estableció la Unión Europea en 1985 -la evaluación de impacto ambiental- para armonizar las obras públicas con el respeto al medio ambiente. En los últimos diez años, el MOPTMA ha construido por ejemplo una media de 350 kilómetros de autovías por año. Algunas declaraciones de impacto ambiental han sido especialmente polémicas, como en el caso del embalse navarro de Itoiz o la autovía Madrid-Valencia a su paso por las inmediaciones de las Hoces del Cabriel."Hay que ampliar el número de proyectos que deben estar sometidos a esta evaluación", señaló ayer el director general. De los 200 tipos de obras que la directiva de la UE dejaba como opcionales a cada Estado para aplicar este examen ambiental, España sólo eligió tres; extremo criticado desde Bruselas y las organizaciones ecologistas. Ahora, los proyectos de puertos, aeropuertos, líneas férreas, presas y trasvases, por ejemplo, sólo están sometidos a la preceptiva declaración de impacto sólo cuando superan unas determinadas dimensiones. La nueva ley intenta superar esa permisividad.

"Además", dijo González Lastra, "no nos satisface el procedimiento que se sigue ahora; la declaración de impacto ambiental se tramita, en fases ya muy avanzadas de cada proyecto. Queremos que haya un procedimiento distinto en el que se contemple una primera fase para elegir en cada obra las alternativas ambientalmente más correctas al principio".

Según el borrador, cualquier obra deberá pasar este análisis ambiental si afecta a algún área protegida oficialmente; aspecto que la actual ley no recoge. Y destaca dos puntos que, tal y como está la normativa ahora, tampoco se contemplan, por muy lógicos que pudieran parecer: "Se exige que los proyectos deben presentarse perfectamente incardinados y relacionados con el contexto del plan o programa correspondiente. Así, una presa no se presentará descontextualizada, sino enmarcada en el sistema de abastecimiento, de regadío o hidroeléctrico, y en el plan hidrológico de la cuenca a la que pertenezca el cauce". "Se precisa que la necesidad del proyecto debe estar claramente justificada".

González Lastra reconoció que ahora no sólo el papel es incompleto, sino también los medios de la Administración para cumplir con esta exigencia de la UE. "El MOPTMA tiene a 14 técnicos dedicados a hacer declaraciones de impacto ambiental. Para cumplir con las exigencias de la nueva ley hará falta por lo menos el doble de personal. Con lo que hay ahora no podemos desarrollar investigación sobre los criterios que aplicamos en las declaraciones de impacto ambiental; si un paso de fauna es eficaz tal como lo exigimos o cómo afecta una voladura a una colonia de aves. Tampoco podemos hacer seguimiento para ver si las obras se hacen de acuerdo a las medidas correctoras exigidas.