Presupuestos y clima político

EL PROCESO de elaboración presupuestaria constituye en cualquier sociedad democrática uno de los ejercicios de mayor calado político. La ley resultante encierra una trascendencia difícil de minimizar en un país como el nuestro, en el que la actividad del sector público ocupa un significativo espacio en la economía global. Es obvio, también, el papel que juega el presupuesto en las tareas de reasignación y distribución social de la renta. De ahí lo lamentable que es que los Presupuestos del Estado para 1995 entren en vigor en medio de un clima político nada favorable para sus expectativas.Los Presupuestos del Estado para 1995, aprobados el pasado martes por el Parlamento, suponen una cierta continuidad de los de 1994, fijándose como objetivo la reducción del déficit público al 5,9% del PIB. El déficit público y la deuda pública acumulados en la última década han alcanzado tal magnitud que su re ducción es imprescindible si se quiere sanear la economía y darle estabilidad. Se renuncia explícitamente, en aras de la contención del gasto público, al compromiso de que los recursos asignados a la inversión pública no sean, inferiores al 5% del PIB. Y se adopta una decisión ciertamente cuestionable, como es el aumento de la tarifa del IVA como forma de compensa ción de los ingresos que se dejarán de percibir por la reducción de las cotizaciones sociales. Los efectos de esta decisión pueden poner en entredicho el paulatino acercamiento del IPC español a la tasa media de inflación de los países de la Unión Europea.

La elaboración de los Presupuestos de 1995 y la ejecución de los de 1994 desprenden, en todo caso, un rigor y una verosimilitud mayores de lo acostumbrado Ello hay que ponerlo en el activo del ministro Pedro Solbes. El presupuesto de 1994 será liquidado sin desviación significativa, frente a las importantes y di versas anomalías registradas en ejercicios anteriores. La disciplina es condición necesaria, aunque no suficiente, para que la política presupuestaria del Estado sea creíble y pueda alcanzar sus objetivos. Pero de poco servirá si las comunidades autónomas y el resto de las. administraciones públicas no la practican en sus respectivos ámbitos. La otra gran restricción que pesa sobre la pretendida eficacia de estos presupuestos, además del déficit y la deuda, es el clima político. Los agentes económicos nacionales y extranjeros proyectan ciertas dosis de incertidumbre sobre la gobernabilidad de este país, lo que incorpora un riesgo añadido a los propios de cualquier decisión económica. La reacción de los mercados financieros a los últimos escándalos políticos -la evolución del tipo de cambio de la peseta, de los precios de la deuda pública y de las cotizaciones bursátiles- no puede explicarse sólo por la reducida actividad de esos mercados en los días finales del año o por la influencia de inestabilidades foraneas.

La crispación y confusión de la actual situación política española, con un Gobierno. acosado por sucesivos escándalos, una oposición que todavía no ha cuajado como alternativa indiscutible para la mayoría de los ciudadanos y conocidos responsables políticos y hombres de negocios acusados y hasta encarcelados, no dibujan un cuadro halagüeño. La ampliación de los diferenciales en los tipos de la deuda pública española frente a títulos homogéneos en otras divisas es un reflejo elocuente de ese mayor riesgo político que condiciona algunos de los efectos de la recuperación económica.

La continuidad de esta situación puede seguir dando pábulo a todo tipo de conjeturas y rumores inhibiendo aún más las decisiones económicas privadas. La incipiente recuperación económica ese activo con que parecía contar el Gobierno y de cuya preservación se erigía en adalid frente a los ataques de la oposición, está hoy ensombrecida por lo que sectores de la opinión pública española y analistas extranjeros perciben como falta de credibilidad y ausencia de iniciativas.

No deja de ser sintomático que esas circunstancias hayan desplazado a un segundo plano la definitiva aprobación de los Presupuestos de 1995 así como el necesario debate sobre las reformas estructurales que todavía faltan por hacer para que la economía española no eche a perder sus posibilidades en la fase expansiva del actual ciclo económico.