Ahorro y despilfarro en la sanidad

LA MINISTRA Ángeles Amador ha dado muestras suficientes desde que está al frente del Ministerio de Sanidad de tener una decidida voluntad de contener el gasto y mejorar la gestión de la sanidad pública. Por eso mismo, el informe que acaba de emitir el Tribunal de Cuentas sobre la gestión del pago de las prótesis por la Administración sanitaria es un toque de atención que debe tener muy en cuenta. De ahí que su decisión de investigar lo sucedido, según anunció en su comparecencia del pasado miércoles en el Congreso, constituya una medida elemental si quiere que sus propósitos contra el despifarro sean creíbles.El informe indica que el Insalud está pagando precios superiores a los del mercado por la adquisición de prótesis, marcapasos y válvulas, merced a un sistema de compras que no garantiza el suficiente control, ni del gasto ni de la calidad de los productos. Un sistema, por lo demás, que vulnera la normativa sobre contratos del Estado, puesto que el 77% de estos suministros fue adquirido sin mediar concurso público. Con las modernas técnicas de gestión y comunicación informatizada, no es hoy admisible, por ejemplo, que el hospital de La Paz de Madrid pague por un generador de marcapasos 626.449 pesetas, cuando el hospital Doce de Octubre, en la misma ciudad, compra el mismo modelo por 230.939. El hecho de que en muchos casos sean los médicos quienes deciden la compra facilita la existencia de pequeñas corruptelas que deben ser erradicadas.

El gran objetivo estratégico de racionalizar el gasto sin afectar la calidad asistencial ni recortar prestaciones, que se ha concretado, por ejemplo, en una drástica intervención sobre el sector farmacéutico, puede verse empañado ante la opinión pública si no se completa con medidas de eficiencia que alcancen de lleno la gestión del día a día: aquella que es precisamente de responsabilidad directa del Insalud. Y aunque la cantidad malgastada en la adquisición de prótesis y marcapasos pueda parecer pequeña en relación al enorme presupuesto que este organismo gestiona, no por ello deja de tener un gran valor diagnóstico. Revela que existe un amplio margen de mejora en la organización de los servicios sanitarios.

Mientras no se subsanen estos aspectos de gestión, la ministra tendrá un talón de Aquiles, por enérgica que sea su política al frente del ministerio. Nada hay más desmotivador, para el conjunto de las personas que prestan sus servicios en el sistema sanitario público y también para los usuarios, que comprobar que el presupuesto no llega para todo, y tener al mismo tiempo la sospecha de que existen bolsas de despilfarro. En un momento en que la demanda de asistencia crece sin cesar, al tiempo que el déficit público se convierte en un obstáculo decisivo para una recuperación económica que ayude a reducir el desempleo, obtener el máximo rendimiento de los recursos disponibles no es sólo una obligación profesional, sino un imperativo moral de los gestores públicos.