La oposición asturiana responsabiliza del 'petromocho' a Serra y a tres ex ministros

Los representantes del PP, Izquierda Unida y Grupo Mixto en la comisión del Parlamento asturiano que ha investigado el caso petromocho (anuncio de una inversión saudí en Asturias cuya inexistencia motivó la dimisión, en mayo de 1993, de todo el Gobierno regional) consideran corresponsables políticos de lo su cedido al vicepresidente Narcís Serra y a tres ministros. Junto a Serra, los citados son los entonces titulares de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga; de In dustria, Claudio Aranzadi, y de Trabajo, Luis Martínez Noval. También se responsabiliza al entonces secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez.

Según las conclusiones de la investigación, hechas públicas ayer, los tres grupos de la oposición consideran "innegable" que todos ellos fueron "informados puntualmente" de la anunciada inversión' saudí, que de haber sido cierta, hubiese sido "la más importante, cuantitativamente hablando, de todas las desarrolladas en nuestro país con fondos extranjeros", sin que, pese a ello, hubiesen realizado "la más mínima comprobación" del proyecto la través de los pertinentes servicios". Y ello pese al importante volumen de ayudas públicas que el Gobierno asturiano se había comprometido a gestionar ante el Ejecutivo central para apoyar el proyecto petroquímico.

El PSOE asturiano discrepa de esta conclusión y sostiene que las responsabilidades políticas derivadas del anuncio de la falsa inversión quedaron suficientemente satisfechas con la dimisión en bloque del anterior Gobierno socialista de la región.

Certezas de IU

Izquierda Unida abunda aún más en la exigencia de responsabilidades políticas. IU asegura que "existen, si no certezas, sí datos para considerar que miembros del gabinete de la Presidencia del Principado conocían los pormenores de la frustrada inversión". Por ello reclama la responsabilidad de los actuales consejeros de Infraestructuras y de Economía del Gobierno autónomo, Juan Cofiño y Avelino Viejo, respectivamente, así como del secretario de la Presidencia, José Antonio García Casal.La comisión investigadora considera "evidentes" e "innegables" las responsabilidades del entonces consejero de Industria, Víctor Zapico, y del presidente del Gobierno regional, Juan Luis Rodríguez-Vigil. La comisión imputa al primero de ellos "credulidad", "falta de preparación para desempeñar tareas de responsabilidad" y no haber adoptado las "cautelas" necesarias para "realizar las comprobaciones" pertinentes.

Los tres grupos de la oposición consideran que "si no se hubiera producido tan rápido el descubrimiento de la realidad" por parte de los medios de comunicación, "probablemente las responsabilidades no hubieran sido exclusivamente políticas, sino que podrían haber alcanzado aspectos económicos de la mayor importancia", según el diputado regional Sergio Marqués, del PP, candidato de esta formación a la Presidencia del Principado en las próximas elecciones autonómicas.