Impunidad

Felipe González, que hasta aquí parecía preso de dudas hamletianas entre su doble papel de presidente del Gobierno (obligado a ser justo: a servir y hacer cumplir la ley) y líder de su partido (obligado a ser leal: a solidarizarse con sus militantes compartiendo su mismo destino común), acaba por fin de decidirse, optando por su condición de militante en detrimento de su calidad de gobernante. Así, al menos, podría deducirse de dos hechos recientes: su firma al pie de la carta colectiva de solidaridad con Galeote y su respuesta al diputado independiente Pérez Mariño que le demandaba explicaciones.Desde que hace tres años estalló el caso Filesa, el presidente se ha mostrado ambiguo con frecuencia. En un comienzo' eligió el silencio como respuesta más prudente. Pero luego, cuando surgió la principal pieza acusatoria (el famoso informe de los peritos, que se conoció el 22 de marzo de 1993 tras ser elaborado por funcionarios no judiciales, sino dependientes del Ejecutivo), se vio obligado a enfrentarse a los cargos: sólo tres días después (el jueves 25 de marzo), durante una conferencia en la Universidad Autónoma, se comprometió ante el abucheo de los estudiantes a asumir todas sus responsabilidades.

Y en efecto, poco tiempo más tarde, tras la negativa del aparato guerrista a responsabilizarse del asunto, el presidente disolvió las Cortes y convocó elecciones generales, a las que concurrió con la solemne promesa ("el cambio sobre el cambio") de que sanearía su partido y depuraría sus responsabilidades si es que las ganaba, como en efecto sucedió. Desde entonces, esa promesa ha sido tantas veces refrendada como, sin embargo, aplazada sine die: así que todavía quedaban (¿ingenuas?) esperanzas de que algún día la cumpliera si lograba superar la resistencia del aparato de su partido. Pero vencida ésta, y cuando ya parecía que González podría cumplir por fin su promesa, ahora resulta que decide sumarse al encubrimiento partidista de Filesa.

Lo cual. es muy grave y creo que supone un auténtico alea jacta est en la carrera política de González, pues implica tanto una falacia como un error de bulto. Parece mentira que se haya podido cometer una equivocación así, cuando precisamente el éxito cosechado tras la primera experiencia de transparencia gubernamental, que ha supuesto el caso Palomino, permitía esperar que, de aplicarse análogamente al caso Filesa en la Comisión del Congreso, lograría recuperar la credibilidad perdida. Pero no ha sido así, pues se ha preferido regresar al oscurantismo de encubrir al partido, con seguras consecuencias suicidas sobre la propia credibilidad y el menguado capital electoral.

Pero se trata, sin duda, de algo peor que un mero error táctico, ya que constituye una falacia en cuestión de principios. Y no me refiero con ello al burdo intento de descalificar la ' independencia judicial (negando, por ejemplo, que haya siquiera acusación cuando todos conocemos el hasta ahora irrefutado informe de los ptritos), sino al falaz deseo de buscar la impunidad: a cualquier coste. Ya sé que esto es una moda de éxito seguro, pues todos los actores privados se creen con derecho legítimo a la propia impunidad (así lo hacen los huelguistas de Iberia, los taxistas de Madrid, los independentistas vascos, los tiburones financieros o los periodistas amarillos): incumplen la ley y luego se acogen al garantismo jurídico del derecho de defensa, formalmente reconocido a las partes en litigio por el derecho procesal.

Y así puede hacerlo como parte acusada el PSOE (que intentará obtener la impunidad de Filesa por falta de pruebas o defecto de forma, como en el caso Naseiro). Pero no pueden hacerlo el Gobierno (y su jefe, mucho menos), que no es una parte privada, sino que ejerce el poder público. No se puede ser juez y parte, sino que hay que optar. Por eso, en la medida en que González opte por amparar la impunidad de los suyos, en esa medida estará optando por incumplir su deber de Gobierno recto y justo.