Ángeles Amador abre una investigación sobre la denuncia de despilfarro en el Insalud

La ministra de Sanidad, Ángeles Amador, anunció ayer la apertura de una investigación sobre los resultados del informe del Tribunal de Cuentas, que llegó el viernes a su departamento. En el mismo, publicado ayer por EL PAÍS, se detecta un importante volumen de despilfarro y violaciones flagrantes de la legalidad en la compra de prótesis e implantes por parte de hospitales Insalud. El tribunal ha rechazado las alegaciones oficiales al respecto, además de poner en duda que el ministerio haya incorporado medidas para racionalizar el gasto sanitario.

Ángeles Amador mostró ayer su preocupación por el informe del Tribunal de Cuentas en de claraciones a, la cadena SER, y anunció que ha pedido una se rie de análisis e investigaciones para verificar las irregularidades que en él se han detectado."Estamos estudiando detenidamente el informe" indicó a EL PAÍS la directora general del Insalud, Carmen Martínez Aguayo. "Pero, de momento, lo que hacemos es una valoración positiva, porque todas las auditorias y elementos de control que nos llegan nos van medicando caminos de mejora dijo. Martínez Aguayo tomó posesión de su cargo hace apenas unos meses, por lo que eludió pronunciarse sobre algunos aspectos que se refieren a la gestión de sus antecesores. No obstante, aseguró que el propio informe "deja claro que si está mejorando y que se ha producido una disminución en los precios que se pagan por las prótesis en los últimos años".

El informe fiscalizador, que fue aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el 29 de noviembre y remitido a las Cortes, se basa en datos de más de noventa hospitales del Insalud y en la investigación más exhaustiva de nueve de ellos. Aunque los trabajos se refieren a 1990, 1991 y 1992, en algunos casos se hace constar que la situación no ha variado en 1994.

Los tres ejes sobre los que se centran las principales denuncias de irregularidades en cuanto a la adquisición de lentes intraoculares, implantes cardíacos y prótesis de rodilla y cadera son: la homologación de los productos, su precio y la forma de adquisición. Todo ello está documentado exhaustivamente con cuadros comparativos por hospitales en los que se expone, por ejemplo, cómo un mismo generador de marcapasos se ha comprado a 626.449 pesetas en el hospital La Paz de Madrid, y a 230.939 en el también madrileño Doce de Octubre.

Regalos y congresos

Como raíz del problema, el tribunal apunta a la falta de directrices globales por parte del Insalud para toda su red y a la ausencia de concursos públicos para la adquisición de los productos la contratación directa alcanzó el 84,5% del gasto, vulnerando toda la normativa vigente de los contratos del Estado. Las decisiones sobre las compras han estado, en última instancia, en manos de los propios servicios quirúrgicos, a veces al margen del gerente del hospital. La falta de libre concurrencia "ha propiciado la existencia de incentivos de promoción para la venta de estos productos, dirigidos fundamentalmente a los profesionales sanitarios, que se han traducido la mayor parte de las veces en financiación de la asistencia a reuniones y congresos de elevado coste a cargo de los proveedores", según el informe.

También la actividad implantadora de los hospitales presenta grandes variaciones que no se corresponden siempre con las características de la población que atienden. "Del análisis de las variaciones cabe deducir que la actividad implantadora en las distintas áreas de un hospital es consecuencia de las decisiones, adoptadas de manera exclusiva por los equipos médicos, que la fomentan o retringen, y esto es posible porque la Dirección General del Insalud no ha programado esta actividad" concluye el tribunal.

Frente a las conclusiones del Tribunal de Cuentas, Sanidad ha alegado globalmente la necesidad de dejar "pasar a segundo plano el procedimiento meticuloso" para poder atender a la presión asistencial y las listas de espera. El tribunal ha rechazado el grueso de las alegaciones de Sanidad: "La información que contiene es parcial, no coincide exactamente con los resultados obtenidos en las pruebas de fiscalización, sin que se justifiquen las diferencias

Sanidad expone igualmente que, desde 1992, se están llevando a cabo medidas para corregir el déficit presupuestario y reducir el gasto. Y el tribunal vuelve a ser contundente: "En las pruebas realizadas no se ha constatado que existan dichas medidas ni el ministerio aporta pruebas que justifiquen la minoración del déficit".