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De palabra y obra

EL MINISTRO Borrell ha reiterado ante los empresarios de la construcción que no paguen comisiones por las adjudicaciones de obras públicas y que denuncien a los funcionarios que las exijan. Entre decir eso y callarse, mejor que lo haya dicho. Pero es evidente que el mensaje resultaría más eficaz si fuera acompañado de pruebas prácticas de que el Gobierno hace lo necesario para identificar y poner a disposición de la justicia a los funcionarios que, en nombre propio o de cualquier causa, exigen un porcentaje -al parecer, entre el 2% y el 5%- sobre el importe de la obra contratada. El margen de discrecionalidad que, incluso en los procedimiento s más reglados, conserva el funcionario público crea las condiciones objetivas para esa forma específica de corrupción. La experiencia de los últimos anos indica que la invocación a una causa más o menos noble -"la democracia es cara"- sirvió inicialmente de coartada para prácticas que se asentaron luego sobre la confluencia de intereses diversos: los de los partidos, los particulares de los recaudadores de los partidos, los de algunos funcionarios, los de empresarios que preferían competir en el terreno de la mordida antes que en el de la calidad o la eficacia. El uso acabó convirtiéndose en ley (de la selva), hasta integrarse como un mecanismo más del sistema de contratación pública. Esas comisiones acaban encareciendo el precio final y constituyen, a la vez, un factor distorsionador del mercado.

El presidente de Extremadura negó ayer, en la cadena SER, que tales prácticas ocurran en su comunidad. Pero ya hace meses que el diputado catalán Miquel Roca reconoció implícitamente, en una asamblea de empresarios de la construcción, el secreto a voces de que los partidos políticos españoles se habían financiado con dinero procedente de comisiones relacionadas con la contratación de obra pública. Su pregunta retórica fue si alguno de los presentes se atrevería a decir algo ante una hipotética comisión parlamentaria de investigación sobre la financiación de los partidos políticos.

El ministerio que preside Borrell ha establecido filtros complementarios orientados a garantizar la transparencia en las adjudicaciones. Por una parte, reforzando los mecanismos internos de control; por otra, incorporando a la legislación general pautas tendentes a asegurar la objetividad de los criterios de adjudicación. En Francia, el dictamen del comité parlamentario que ha estudiado el problema. de la corrupción demuestra que el problema también afecta a los países con mayor tradición de Estado fuerte y competente. Sus propuestas son similares a, las contenidas en la nueva ley de contratos de las administraciones públicas, tanto en el aspecto preventivo como en el sancionador. Pero si la norma es condicición necesaria, no lo es suficiente. Como recordaba hace poco en este periódico el catedrático Fernández-Dols, especialista en el tema, más importante que el reforzamiento legislativo anticorrupción es que "quienes tienen algún tipo de liderazgo lo ejerzan de una manera ejemplar". Que prediquen con el ejemplo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 01 de diciembre de 1994.

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