Discipliona

SI IMPORTANTE es el proceso de elaboración y tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado, no lo es menos su ejecución. La madurez democrática de un país, el respeto de los Gobiernos a sus instituciones y, en definitiva, su eficiencia técnica pueden deducirse del grado de distanciamiento con que se ejecuten las decisiones contenidas en ese cuerpo legal. La experiencia española al respecto no es precisamente ejemplar. Algo más que razonables e inevitables desviaciones, respaldadas legalmente, se han puesto de manifiesto en la ejecución de los presupuestos durante los últimos años. Esto ha contribuido al escepticismo con que los ciudadanos contemplan la Administración tributaria en nuestro país y a la falta de credibilidad de la política presupuestaria española ante los agentes económicos nacionales y extranjeros. El ejercicio de 1994 puede constituir una honrosa excepción y un precedente en la dirección correcta, a tenor de los propósitos manifestados por el ministro de Economía y Hacienda para 1995.Los datos disponibles, permiten anticipar que la ejecución del presupuesto correspondiente a 1994 apenas va a registrar una desviación significativa del gasto no financiero sobre lo presupuestado. Ese 1% de desviación probable será la menor desde el ejercicio presupuestario de 1978. Independientemente de las favorables condiciones del entorno, sería injusto no reconocer el mayor rigor con que los actuales, responsables de la Hacienda española han asumido sus tareas. La contención del déficit en 1994 será un hecho, aunque en cierta medida haya sido a costa de sacrificar el compromiso, de gasto en inversiones reales, cifrado para el conjunto de las administraciones públicas en el 5% del producto interior bruto (PIB).

Con la intención de cumplir el objetivo -reflejado en la actualización del programa de convergencia- de alcanzar en 1997 un déficit público del 3% del PIB, como exige el Tratado de Maastricht, el ministro Solbes se propone, además de la reducción de ese desequilibrio hasta el 5,9% en el próximo año, la adopción de nuevas medidas. Pretende asignar a la reducción del déficit todo incremento en la recaudación de ingresos públicos que pueda derivarse de un. mayor crecimiento económico y restringir el gasto en el caso de que los ingresos fueran inferiores. La reducción de los créditos ampliables y la eliminación del gasto sanitario como crédito ampliable son también propósitos en la dirección correcta. En el articulado de la Ley de Presupuestos ahora aprobado se contempla la adopción de medidas que compensen las desviaciones en gasto mediante reducciones en otras. En ese contexto se inscribe la intención de controlar mensualmente cada uno de los capítulos de gasto de cada ministerio, incluida la Seguridad Social y el Inem, y las subvenciones a las empresas públicas.

Por último, se ha anunciado un "sistema de vigilancia" del déficit de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, tanto más necesario cuanto mayor es la falta de control de la situación financiera en algunas de esas instituciones.

Propósitos todos ellos, en definitiva, que deben saludarse, aunque por sí solos no garanticen el cumplimiento de los objetivos del Gobierno. La persistencia de la elevación del IVA, a sabiendas de su más que probable impacto sobre la inflación, no facilita la obtención de esa credibilidad que el Gobierno pretende con esta nueva disciplina presupuestaria. La adopción efectiva en las próximas semanas de algunas de las reformas estructurales pendientes -ley del suelo y reforma de los colegios profesionales-, junto a las igualmente anunciadas modificaciones en la Ley de Contratos del Estado, puede contribuir a reducir esa manifiesta inhibición que todavía pesa sobre los agentes económicos. La Hacienda parece caminar por primera vez en una dirección de disciplina y de adopción de decisiones que contrasta con la apariencia de bloqueo que transmiten otras áreas del Gobierno.