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Tribuna:

Volver a las andadas

Santos Juliá recordaba en este mismo espacio hace unas semanas la campaña que la derecha española protagonizó Contra Azaña en 1933: un Gobierno legal pero ilegítimo, respaldado por unas Cortes que habían dejado de ser representativas del país y que el presidente del Gobierno se negaba a disolver porque pretendía mantenerse a toda costa en el poder, que, por eso mismo, mas que ejercido legítimamente, estaba secuestrado con artimañas legalistas.Parece como si la derecha española quisiera volver a las andadas sesenta años más tarde. Desde la noche del 6 de junio de 1993, en la que Javier Arenas y Alberto Ruiz Gallardón iniciaron en televisión el proceso de deslegitimación de los resultados de las elecciones celebradas ese mismo día, el Partido Popular, acompañado a veces y dirigido otras por medios de comunicación especializados, como diría Javier Pradera, en romper cristales, no ha cesado en su empeño de transmitir a los ciudadanos el mensaje de que el Gobierno de Felipe González carece de legitimidad para dirigir el Estado. Por no ser ya representativo de la mayoría, por estar enfeudado a intereses particulares y en especial a los nacionalismos catalán y vasco, etcétera.

Ciertamente la situación actual y la de los años treinta es distinta. Ni la España de Entonces es la de hoy, ni la Iglesia, a pesar de la inoportunidad de las recientes declaraciones del Presidente de la Conferencia Episcopal, parece dispuesta a participar en la campaña como participó entonces, ni, sobre todo, la Jefatura del Estado de la Constitución de 1.978 es la misma que la Presidencia de la República de la Constitución de 1931, en lo que a la investidura y retirada de la confianza al Presidente del Gobierno se refiere.

Pero el objetivo que se persigue y los medios de los que se está haciendo uso no son muy distintos. De la misma manera que entonces se intentó (y se consiguió) alterar las reglas del juego democrático, a fin de desembarazarse de la figura de Azaña como Presidente del Gobierno, también hoy estamos asistiendo a un intento (fallido hasta el momento) de alterar las reglas democráticas previstas en la Constitución con la finalidad de acabar con Felipe González como presidente del Gobierno. El principio de que las elecciones generales y únicamente las elecciones generales son las que deciden la formación del Gobierno no puede ser puesto en cuestión, sin que todo el edificio se resienta.

Y en ese intento parece que vale todo: la mentira pura y simple, las verdades a medias, que son tal vez peores, y lo que haga falta. El funcionamiento de esa curiosa sociedad de socorros mutuos constituida por determinados medios de comunicación, el PP e IU, en las que los primeros se encargan de destapar supuestos escándalos y los segundos de oficializarlos políticamente en sede parlamentaría, por lo visto en estas últimas semanas, es algo sobre lo que pienso que convendría reflexionar muy seriamente.

Las reglas del juego democrático no tienen, en última instancia, otra finalidad que evitar el enfrentamiento civil, sustituyéndolo por un enfrentamiento político sometido a normas. Puesto que el enfrentamiento entre los individuos es inevitable, transformemos el enfrentamiento directo en un enfrentamiento político. Este es el sentido de la Constitución. De ahí que cuando no se aceptan las reglas del juego político constitucionalmente definidas, se inicia el deslizamiento por una pendiente que puede llevar al enfrentamiento civil. Por eso, no andaba tan descaminado el presidente Pujol en sus declaraciones del domingo pasado. Se está empezando a jugar con fuego.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de noviembre de 1994