Cocaína, parada y fonda en Paraguay

La bandera nacional preside el despacho del senador Carlos Romero Pereira en el edificio del Congreso de Paraguay y un mapa a gran escala de la Dirección Militar de Cartografía detalla la división administrativa de un país que ha sido elegido como tránsito y almacén de cargamentos de cocaína colombiana, boliviana o de Perú hacia su destino final en Europa, Estados Unidos, Argentina o Brasil. Desde pistas cercanas a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, despegan avionetas que aterrizan en el Chaco paraguayo; algunas lo hacen en estancias de militares corruptos y otras pernoctan en los hangares de padrinos civiles. Misiones, en la frontera argentina, o Pedro Caballero o el Alto Paraná, en la divisoria con Brasil, también forman parte de la ruta.Carlos Romero Pereira, senador por el Partido Colorado, sector no oficialista, forma parte de la comisión parlamentaria que investiga el asesinato del jefe de la fuerza antidrogas, general Ramón Rosa Rodríguez, herido por pistoleros desconocidos el pasado 10 de octubre y rematado por un capitán a sus órdenes en el departamento que rinde cuentas al presidente Juan Carlos Wasmosy. Quienes ordenaron la ejecución de ese general no han sido descubiertos, pero el atentado parece indicar que sus pesquisas amenazaban a quienes antes camparon a sus anchas. Romero acusa porque considera que la lucha es endeble, y en algunos casos aparente: "Eligieron Paraguay para sus operaciones de tránsito porque no hay control de ninguna clase. En este país los radares no funcionan. Los del aeropuerto de la capital del Chaco no funcionan. ¿Cómo es posible hacer un vuelo a ciegas? Es así para que no haya control". El embajador norteamericano saliente, Jon Glassman, participaba de esa tesis cuando afirmó: "Aquí el hampa es fuerte y goza de la protección de altas esferas". A partir de entonces, el Gobierno de Wasmosy fue por él y consiguió su retirada antes de plazo.

En 1987, dos años antes de la caída de Alfredo Stroessner, el escritor Augusto Roa Bastos advertía que lo perverso de la dictadura paraguaya no era tanto la deliberada ausencia de espectacularidad represiva como la sistemática desintegración de toda una sociedad. La corrupción de los valores sería el legado fundamental del. déspota. Así ha sido: quebró las esperanzas de millones de paraguayos en una mayor justicia social, adulteró los poderes del Estado y frena ahora los esfuerzos de esta frágil democracia contra, el tráfico de estupefacientes: Paraguay es aún un país en difícil transición política y peaje de la cocaína en ruta hacia los mercados consumidores. Para detener, procesar y Castigar, Wasmosy exige pruebas en un país donde quien las tiene las oculta y quien debe buscarlas se inhibe por complicidad, temor o atrapado en la maraña legal del sistema. Los paraguayos han visto de todo y de nada se sorprenden. Pocos se asombraron cuando, después del golpe de 1989, la precariedad de sus instituciones y las conveniencias políticas de Washington permitieron que asumiera la presidencia el general Andrés Rodríguez, denunciado como narcotraficante.

El problema no es nuevo. Hubo momentos en que cada día aterrizaban en la terminal del Chaco hasta 15 avionetas o cargueros con pieles, droga y automóviles robados, canjea dos éstos por cocaína o escolta dos por militares hasta los puntos de venta. En Asunción no extraña esa impudicia, señala da frecuentemente por la prensa. "Ocurre que un capitán es destinado tres meses a la aduana de Ciudad del Este [en los bordes con Brasil] y a la vuelta se compre un BMW y se construya un chalé", señala un corresponsal. Y como era de esperar, muchos de quienes participan del contrabando de ganado, cigarrillos o madera aspiran a meter las narices en el suculento negocio de la cocaína. "Vamos a tener que promulgar una ley en la que se invierta la carga de la prueba. Los acusados deberán demostrar que son inocentes", defendía un jurista. Romero Pereira subraya que Paraguay es punto de tránsito y blanqueo de dólares desde hace muchos años. "Pero entiendo que la cantidad de operaciones encubiertas, con una legislación que lo autoriza, se ha pervertido. Se han efectuado hasta 25 operaciones de ese tipo desde 1989; creo que en realidad. son formas de tráfico, porque no ha podido comprobarse que la mercadería fuese destruida cuando es decomisada y enviada a Estados Unidos. "En general", afirma, "la gente involucrada en la represión del tráfico está muy mezclada y tuvo un pasado claro de narcotraficante". El nuevo embajador estadounidense en Paraguay, Robert Service, llegó el pasado viernes con la misión de colaborar en la lucha, pero no pocos piensan que deberá vigilar primero a su propia gente.

Prácticas de la DEA (agenta antidroga norteamericana), en colaboración con plantillas locales de dudosa catadura, han sido repudiadas por los políticos consultados, y una fuente oficial aludió a la posibilidad de que alguien relacionado de alguna manera con las catacumbas más siniestras de ese departamento, pero fuera del control de sus responsables, hubiera alentado el silenciamiento del general Rosa Rodríguez. "No controlamos a algunos miembros de la DEA y es posible que tampoco lo pueda hacer el Gobierno norteamericano. Se entrometen demasiado en nuestros asuntos internos". Alarmados por la situación, congresistas comprometidos contra el narcotráfico viajaron a Estados Unidos para pedir a sus autoridades una reglamentación más transparente de las entregas vigiladas y acciones agresivas y eficaces contra un comercio que daña la imagen de Paraguay y entorpece el proceso hacia la consolidación de la democracia.