El Tribunal Supremo ordena que la publicidad institucional se reparta entre todos los medios

La Administración no puede discriminar a ningún medio de comunicación a la hora de distribuir la publicidad institucional. lo establece el Tribunal Supremo, que condena al Estado a pagar hasta 2.550 millones de pesetas -más los intereses devengados desde 1987- a Dyrsa, editora del desaparecido diario de extrema derecha El Alcázar, por haber sido excluido de dicha publicidad durante cinco años. También se condena al Estado a pagar otros 102 millones, más intereses, por incumplimiento de un compromiso del Gobierno franquista para subvencionar a dicho periódico.

La sentencia, cuyo ponente ha sido Jesús Ernesto Peces Morate -miembro de Jueces para la Democracia-, parte de un acuerdo establecido entre los propietarios de El Alcázar y el Gobierno presidido por Carlos Arias Navarro. El 23 de mayo de 1975, éste último y sus ministros Fernando Herrero Tejedor, José García Hernández y León Herrera Esteban acordaron con el presidente de la Confederación Nacional de Ex Combatientes, José Antonio Girón, y con el secretario general de la misma, Luis Valero, la cesión de las acciones de El Alcázar que poseía la presidencia del Gobierno.En esa reunión se pactó también que la secretaría general de la única organización política permitida en aquella época, el llamado "Movimiento Nacional", subvencionaría a El Alcázar y la Administración le entregaría publicidad.

Ese compromiso se cumplió mientras José Solís estuvo al frente de la secretaría del Movimiento. Tras la muerte de Franco, el siguiente ministro del Movimiento, Adolfo Suárez, recibió instrucciones de Arias para seguir pagando a El Alcázar. Pero ya no manó más dinero para el diario ultraderechista, ni de ese Gobierno, ni de los posteriores.

Del pacto entre el Gabinete franquista y El Alcázar no queda vestigio documental alguno. Así lo reconoce el Supremo que, sin embargo, declara probada su veracidad. Con esa base, anula una decisión administrativa de 1989, que rechazó la reclamación presentada por El Alcázar; y condena al Estado a pagar los 102 millones solicitados, más los intereses que correspondan desde 1977.

El pacto al que el Supremo ha dado validez corresponde a la época preconstitucional. Lo cual no es óbice para que, en la misma sentencia, el tribunal alegue la Constitución para un segundo motivo de condena al Estado: se le obliga a pagar a Dyrsa una cantidad proporcionalmente igual a la recibida por otros periódicos entre 1982 y 1986, por el concepto de publicidad generada desde la Administración.

Al no entregar ni un' sólo anuncio a dicho periódico, la Administración no respetó el "principio de igualdad". La sentencia asegura que la Constitución obliga a los poderes públicos "a dispensar una igualdad de trato a los medios de comunicación" y a proscribir "cualquier discriminación por razón de opinión o de características y circunstancias personales".

La sentencia, en cambio, no imputa responsabilidad aIguna a la Administración por el he cho de que la compañía Iberia u otras entidades públicas con "personalidad jurídica propia" cancelasen también sus propias suscripciones con El Alcázar. Contra este punto se ha alzado el propio ponente, que, en un voto particular, ha opinado que la Administración sí es la directa responsable de ello.

Destino, del dinero

Esta sentencia es la primera que se produce sobre una materia en la que hay pendientes otras reclamaciones, como la del diario Egin, que ha denunciado- reiteradamente ser víctima de un "boicó institucional". Además del ponente, la sala estaba integrada por Pablo García Manzano, como presidente, y por los magistrados Pedro Antonio Mateos, Francisco José Hernando, Juan Manuel Sanz Bayón, Manuel Goded y José María Sánchez Andrade.El Alcázar, que desapareció en 1987, está en suspensión de pagos y debe 2.000 millones al Estado, por cuotas impagadas de Hacienda y Seguridad Social. El resto, hasta el total de la condena, será repartido por los interventores judiciales entre los 500 trabajadores de la empresa editora, según prevé el abogado de Dyrsa, Miguel Ángel García Brera.

En España no existe regulación legal alguna sobre el reparto de la publicidad generada por instituciones públicas.