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El fiscal pide 23 años para la propietaria de un geriátrico en el que vivían 15 ancianas en un cobertizo, por homicidio y estafa

Una comisión judicial irrumpió en la noche del 22 de septiembre de 1989 en el geriátrico Alba, una residencia de ancianas situada en Vallvidrera (Barcelona). Lo que se encontró fueron dos mundos: una parte de la residencia era correcta, pero en una especie de cobertizo adosado al edificio halló a 15 ancianas en un pésimo estado físico compartiendo un puñado escaso de metros cuadrados en camas plegables. La propietaria del centro, Isabel López Alba, se sentó ayer en el banquillo de la Audiencia de Barcelona para enfrentarse a una petición fiscal de 23 años de cárcel por varios delitos de omisión del deber de socorro, homicidio por omisión, estafa y falsedad.Lo ocurrido con el geriátrico Alba puso de manifiesto el escaso control de este tipo de centros por parte de la Administración.

El cargo de homicidio por omisión se centra en el caso de la anciana Carmen Gandía. Por la muerte de esta mujer, la petición fiscal es de 12 años. La anciana se cayó y sufrió una fisura de pelvis. Eso ocurrió en la Navidad de 1988. Carmen Gandía quedó postrada en una cama del anexo a la residencia. La mujer permaneció en cama durante cuatro meses, tiempo en el que las úlceras y llagas causaron estragos: una infección generalizada. Ante el aspecto exterior que presentaba, su familia la trasladó a un hospital de Barcelona, donde falleció en abril de 1989, según indica la fiscalía.

Todo fue negado por la procesada. La propietaria del geriátrico, de 47 años, intentó presentarse como una profesional dedicada desde hace más de 20 años al cuidado de los ancianos. "¿Es cierto que en ocasiones descubrían a una de las ancianas muerta al cabo de horas del fallecimiento en la cama o sentada en una silla de ruedas?", preguntó la fiscal. "Jamás", contestó ella.

El médico del geriátrico, Juan Luis Ferrer, fue apartado del procedimiento por su delicado estado de salud. Tanto el facultativo como López Alba permanecieron en prisión preventiva cuando estalló el caso. Al juicio, que hoy prosigue, también están convocados los dos inspectores del Departamento de Bienestar Social que pocos días antes de la irrupción de la comisión judicial inspeccionaron el centro sin ver nada irregular.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de noviembre de 1994