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Tribuna:

Luces y sombras del presupuesto

Los presupuestos que debate el Parlamento, según el autor, son de transición entre los años más duros de la crisis económica y la próxima fase de la recuperación económica.

Los Presupuestos Generales del Estado para 1995 ya están en el Congreso para su debate, que no puede ni debe reducirse a una discusión macroeconómica, sino que tiene también que explicitar los objetivos sociales que persigue y los medios a los que acude para tratar de alcanzarlos. Se trata, por tanto, de abordar también los presupuestos desde la óptica de los colectivos sociales concretos que van a verse directamente afectados.Parece claro que estamos ante unos presupuestos de transición entre los años más duros de la crisis económica y la próxima fase expansiva del ciclo, en el inicio, pues, de la recuperación económica española y europea. Desde esta óptica se presentan como unas, cuentas rigurosas, cuya preocupación central es el control del déficit, ya alto en 1993 y 1994. Ahora bien, sin la añoranza de algunos agoreros del déficit, sean del sector liberal interior o de instituciones influidas por aquéllos. Con todo, la restricción presupuestaria afecta fundamentalmente al capítulo de la inversión pública, que disminuye en términos reales sin mantener el nivel comprometido en el programa electoral, de modo que la expansión y creación de empleo se deja más en manos de los inversores privados.

La pregunta más importante, en mi opinión, estriba en conocer cómo afecta este presupuesto a los sectores más cercanos al voto socialista, al electorado de la izquierda, a los colectivos menos favorecidos de la sociedad. La respuesta en este punto es claramente positiva. A pesar del rigor presupuestario, el gasto social se incrementa ampliamente por encima de la media, de forma que, frente a un aumento del gasto total no financiero del 3,6%, el conjunto del gasto social lo hace en un 5,7%. La consecuencia es que el global de las políticas sociales del Estado, que representaba en 1994 el 50,7% del presupuesto, pasa a ser del 51,8% en 1995. Se mantienen, así, los tres objetivos que han venido constituyendo el núcleo de las políticas del progreso del PSOE: pensiones, sanidad y educación.

En efecto, el gasto en pensiones se incrementa globalmente en un 8%, alcanzando los siete billones de pesetas. Pero, lo que es igualmente importante, las pensiones individuales mantendrán el poder adquisitivo tras -el acuerdo con UGT y CC 010, que incorpora una cláusula de revalorización para el supuesto de que la inflación se desvíe por encima de lo previsto. El Gobierno ha mantenido el esfuerzo con los pensionistas, conforme al compromiso electoral.

Igualmente importante es el incremento del gasto en sanidad, fortaleciendo el sistema público de salud frente a los intentos de la derecha de ir desmontándolo progresivamente. Al hilo del acuerdo con las comunidades autónomas, las partidas de esta área crecen el 7,3%, con una importante consolidación y aumento de la transparencia presupuestaria.

Por último, también en educación se produce un significativo incremento del gasto presupuestario, del 6,6% sobre el año 1994, que se va a traducir en un avance en la aplicación de la reforma educativa introducida por la LOGSE.

A ello debe añadirse el acuerdo con los sindicatos sobre el incremento de retribuciones para los empleados públicos, acuerdo a tres años que tampoco fue posible el año último.

Ahora bien, si el núcleo sólido del presupuesto es la consolidación de las políticas de pensiones, sanidad y educación, existen otros aspectos del proyecto del Gobierno mucho más discutibles y que convendría mejorar durante la tramitación parlamentaria. Entre esas cuestiones, auténticas sombras para una política de izquierdas, cabría señalar las siguientes:

1. En primer lugar, la reducción del 1% de las cuotas de la Seguridad Social de empresarios y trabajadores, sustituyéndolas por un incremento del IVA, lo que se hace con el objetivo de facilitar la creación de empleo. Con independencia de que tal aumento del empleo es muy aleatoria, y que el propio secretario general de Empleo ha manifestado que no existe ninguna garantía en ese sentido, el problema fundamental tiene que ver con el futuro del sistema de pensiones.

Cuando desde muchos sectores de la derecha, incluido el FMI, sin olvidar a representantes del Ministerio de Economía y Hacienda, se afirma que el sistema de pensiones está en peligro si no se reforma, y cuando en el propio Congreso de los Diputados está constituida una Comisión de Estudio para hacer el diagnóstico de la situación actual de las pensiones, estudio aún no terminado, ni siquiera apuntando las soluciones, se comienza la casa por el tejado y se reducen sus ingresos específicos. De manera que si el sistema de la Seguridad Social tiene problemas futuros, lo que está por ver, con esta medida se agravan objetivamente esos problema., poniendo más aún en cuestión el sistema en su conjunto.

2. Junto a ello está la ampliación del contrato temporal de fomento de empleo. Tal ampliación de los contratos temporales va claramente en contra de lo expresamente comprometido en el programa electoral. En efecto, en éste literalmente decíamos que "los contratos temporales se suprimirán como medida de fomento de enipleo", y uno de los aspectos de la reforma laboral no contestado por los sindicatos fue, precisamente, la derogación de las normas que los regulaban. Pues bien, no ha pasado un año y ya se vuelven a reintroducir, aunque sea parcialmente.

Lo sorprendente es que se hace en el periodo expansivo del ciclo, y no en el recesivo como en 1984, es decir, cuando el crecimiento de la economía es el que crea empleo, sin necesidad de facilitarle empleos aún más precarios, es decir, menos arriesgados. Por otra parte, si se trata de apoyar a determinados colectivos lo lógico, y lo previsto hace un año, es conceder beneficios en las cuotas a la Seguridad Social a las empresas que les contraten, es decir, cargar sobre la colectividad ese apoyo y no sobre ellos mismos precarizando su situación.

Si hay supuestos en los que la disciplina de voto tiene un sentido claro, uno de ellos es precisamente éste, la defensa del programa electoral. Entiendo que el Grupo Parlamentario Socialista debería, como una piña, oponerse a una propuesta tan claramente contraria a su compromiso con los electores.

3. Una tercera cuestión estriba en introducir la posibilidad de que la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes pueda ser gestionada por las mutuas patronales, lo que implica un suave deslizamiento por la senda de la privatización de la Seguridad Social. ¿Por qué razón? Lo ignoro, pero no creo que haya ni motivos sólidos ni necesidad, salvo que una medida de este tipo satisface a quienes, denostadores de lo público, se ponen al servicio de los intereses privados bajo el síndrome de su mayor eficacia.

4. En el mismo sentido el presupuesto mantiene la tesis de seguir privatizando empresas públicas, por lo demás las que están situadas en sectores más estratégicos para la economía nacional (Argentaria, Repsol, Endesa) y mejores rendimientos tienen. La experiencia inglesa muestra cómo la privatización para obtener ingresos presupuestarios es "pan para hoy y hambre para mafiana", es decir, déficit para años inmediatos. No deja de sorprender el interés de los propios gestores en continuar el proceso de su privatización, acorde en algunos casos con su escaso apego a actuar como empresas públicas, es decir, al servicio de objetivos a los que el mercado no se siente inclinado a apoyar.

No quiero dejar de referirme también al problema de la protesta pacífica que va extendiéndose en la sociedad española, sobre todo entre los jóvenes, solicitando que en los presupuestos se refleje la voluntad de aportar el 0,7% del PIB en ayuda al desarrollo del Tercer Mundo. En una época en la que parecía que los jóvenes estaban demasiado callados, adaptados a un mundo consumista y laboralmente difícil para ellos, y sin espíritu de crítica social, la protesta del 0,7% es un signo enormemente positivo de que su lejanía de la política y de los políticos no lo es de los grandes objetivos de solidaridad, es decir, de los objetivos de la izquierda.

Me consta que hay voluntad en el Gobierno e avanzar en este campo, en el que existen dificultades objetivas para dar un salto importante. Por eso la posición del Grupo Parlamentario Socialista supone una respuesta presupuestaria valiente y clara, que hemos de extender a otros ámbitos, de forma que el PSOE no sea para muchos jóvenes, ) no tan jóvenes, el partido de poder, sino también el partido de la solidaridad.

Manuel de la Rocha es diputado de PSOE por Madrid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de noviembre de 1994

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