Valeriano Gómez afirma que en un mes puede estar segregado el 74% de las viviendas adjudicadas

Valeriano Gómez, administrador único de IGS-PSV, aseguró ayer que en un mes puede estar segregado el 74% de las 12.346 viviendas adjudicadas del proyecto cooperativo. Por ello analizó muy positivamente la posibilidad de que Moreiras suspenda por un mes el auto que impone una fianza de 65.000 millones a los inculpados por el caso PSV y declara a la cooperativa responsable civil subsidiaria. Los activos totales de IGS-PSV ascienden a 68.000 millones de pesetas, según Gómez, por lo que podrían hacer frente a la fianza al coste de anular cualquier posibilidad de construir las viviendas.

La segregación afecta ya a 3.796 viviendas, que se han agrupado en 35 nuevas cooperativas separadas de PSV-IGS. Esta documentación, con las firmas a favor de los 3.796 socios implicados, será entregada hoy al juez Moreiras. PSV lo presentará como prueba de que hay muchos cooperativistas que quieren la construcción de sus viviendas en lugar de recibir, por la vía del embargo, algún dinero en compensación a los perjuicios so portados. Además, en otras 17 promociones, que agrupan a 1.238 cooperativistas, las negociaciones para la segragación están "avanzadas" y, según la actual dirección de PSV, podrían concluir en un mes. En otras 20 promociones, Mientras, se han iniciado estas negociaciones. Pero quedan pendientes cuatro de las mayores: Valdebemardo y Rivas en Madrid, Laguna del Duero en Valladolid y Lloma-Llarga en Valencia, que agrupan a 5.500 cooperativistas. PSV considera también en vías de solución la promoción de Valdebernardo, que agrupa a 3.002 socios, gracias a la participa ción de una sociedad estatal, de pendiente del Ministerio de Obras Públicas, que se hará cargo de la promoción.Con estos datos, el equipo de Valeriano Gómez espera convencer a Miguel Moreiras de que hay más cooperativistas que quieren su vivienda de los que exigen la de volución de su dinero después de darse de baja. Estos últimos son 2.800 y la cooperativa les adeuda un total de 5.417 millones de pese tas, según los datos facilitados ayer por Gómez. Recuperarlos, argumentó el administrador único de PSV en conferencia de prensa, será más fácil si sigue adelante la cooperativa que si se inicia un proceso judicial en el que cabría hasta el recurso de amparo ante el Tribunal Supremo. Según Gómez, "en PSV existe la obligación de de volver las cantidades adeudadas a los dados de baja en un plazo de cinco años", aunque se les aplicará "una quita" equivalente a la derrama del 7% que han soportado los socios que continúan en el proyecto.

Dados de baja

El vicepresidente de la Asociación de Dados de Baja, Francisco Rodríguez, y su abogado, Juan Ramón Montero, defendieron "por ajustado a derecho, correcto e inevitable" el auto que dictó el lunes Moreiras y la fianza de los 65.000 millones de pesetas a los inculpados y a los responsables subsidiarios (PSV-IGS y UGT).

Los que continúan en el proyecto, mientras, han convocado una reunión para el sábado en la que pretenden aprobar un acuerdo de apoyo al plan del Gobierno y al juez Enrech. Si siguiera en marcha el auto Y la fianza, además, estudiarían "cómo personarse en el proceso", según adelantó ayer José Luis Aramburu, de la asociación Ascova de Valdebernardo.

Estos socios no quieren que los 68.000 millones a que ascienden los activos de la cooperativa (32.000 millones de PSV y 36.000 de IGS) se destinen a pagar la fianza porque ello "anularía" cualquier posibilidad de seguir adelante con las construcciones. Buena parte de estos millones corresponden al suelo y a las urbanizaciones. El resto se reparte en ingresos por los proyectos, las tasas y los gastos financieros abonados.

Valeriano Gómez cree que, de seguir adelante el embargo de Moreiras, "se paralizaría el proceso de separación de las promociones, que es la única posibilidad para obtener la financiación hipotecaria que requieren las viviendas". En concreto, según Gómez, las necesidades financieras totales para construir las viviendas adjudicadas ronda los 150.000 millones de pesetas. La mitad, unos 75.000 millones, deberá obtenerse con créditos hipotecarios y los bancos exigen para concederlos la separación previa de promociones y riesgos.

Los 68.000 millones embargables de PSV-IGS, unido a los 9. 000 millones de crédito del ICO y a los 8.000 de aval del Gobierno completan, de un brochazo, los 150.000 millones necesarios. Como paso previo hay que abonar la deuda que PSV-IGS tiene con las constructoras: 7.125 millones de pesetas. Para cubrirla, el Banco de Negocios de Argentaria está diseñando un crédito sindicado a repartir entre los grandes bancos y cajas, con la garantía del Estado, por el 80% de esta cantidad, es decir, 5.700 millones. La re baja obedece a que el crédito está sujeto a que las constructoras acepten una quita del 20%de la deuda.