Cuentas ¿realistas?

SIEMPRE ES más fácil criticar que presentar alternativas, y el debate parlamentario sobre los presupuestos lo confirma cada año. Rechazadas las enmiendas a la totalidad debatidas esta semana, los grupos han comenzado a presentar sus enmiendas parciales. Izquierda Unida presentó ayer 300, y también los socialistas adelantaron las suyas. Sin embargo, el formato del debate impide que los ciudadanos perciban con claridad las diferencias entre las propuestas. La defensa de las enmiendas a la totalidad sirve, por definición, para criticar la propuesta del Gobierno más que para defender una alternativa propia; y el debate. de las enmiendas parciales apenas llega al público.El ministro Solbes no ha encontrado mejor elogio de los presupuestos que el de realistas: pueden cumplirse. No sería poca cosa, porque en 17 de los últimos 18 años, los presupuestos ejecutados experimentaron una desviación considerable, tanto en gastos como en ingresos, respecto a los proyectados. El hecho de que el ejercicio de 1994 vaya a cerrarse con una desviación insignificante respecto a lo aprobado hace un año constituye el principal crédito de Solbes. Pero, aparte de ese realismo, los expertos han acogido las cuentas del Reino con bastante escepticismo, señalando, sobre todo, su carácter inflacionista: tan sólo la subida del IVA con que se compensa la reducción de las cuotas sociales contribuirá a aumentar el IPC en casi un punto. También se ha criticado su escasa ambición para reducir el déficit (el 5,9% del PIB).Son unos presupuestos que apuestan más por el consumo privado que por la inversión, y mas por la inversión privada que por la pública. Pero la inversión privada es muy sensible a los tipos de interés. Y ya ha advertido Luis Angel Rojo que si se confirma ese repunte de los precios, el Banco de España -en ejercicio de su autonomía y en defensa de los equilibrios- se verá obligado a subir los tipos de interés.

No son tan expansivos como los de los años anteriores, pero son menos restrictivos que los de 1994. No se pueden considerar austeros cuando consolidan el nivel de gasto, unánimemente considerado muy elevado para una economía como la española. La preocupación por el déficit no impide medidas como las subidas salariales de los funcionarios, que seguramente marcarán la pauta para el sector privado tras un año de moderación, y la garantía de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Pero se establecen sistemas de cálculo de las subidas tendentes a reducir su impacto en el déficit y, por primera vez, mecanismos correctores para el caso de que, de todas formas-, se dispare.

. Aunque finalmente no se acepta la propuesta de CiU de reducir el,número de hijos necesarios para acceder a, las ventajas de las familias numerosas, se incluyen medidas fiscales de apoyo a la familia. La voluntad de concordia social se manifiesta en los pactos que han precedido al proyecto: con los sindicatos -sobre salarios de los funcionarios-, con las asociaciones de pensionistas, con las comunidades autónomas -respecto al déficit en Sanidad- y con los ayuntamientos -sobre el acceso a los fondos comunitarios-

Los españoles están convencidos de pagar demasiados impuestos, y en eso coinciden con los contríbuyentes de casi todos los países desarrollados; pero, según demuestran las encuestas del CIS, también piensan -y en eso coinciden menos- que el Estado es el principal responsable del bienestar de los ciudadanos y de acabar con las desigualdades. Por eso resulta tan difícil determinar dónde recortar el gasto cuando tres cuartas partes del mismo está comprometido de antemano: personal, intereses de la deuda, transferencias a otras administraciones y transferencias a la Seguridad Social absorben el 77% del gasto presupuestado.

De ahí también que las alternativas presentadas por la oposición bien se desentiendan del déficit, con el argumento de que bastará combatir el fraude fiscal para compensar los incrementos en inversión pública (Izquierda Unida), o bien, en el caso del Partido Popular, pongan el acento en la rebaja de los impuestos o la búsqueda de vías alternativas de financiación -privatizaciones-, antes que en la reducción del gasto donde éste se concentra.