La rebelión de los jubilados argentinos pone en un grave aprieto al Gobierno

La rebelión de los jubilados argentinos contra la morosidad del Gobierno en el pago de atrasos y la actualización de pensiones, con fallos judiciales a su favor en más de 100.000 causas desde el año 1989, coloca al Ejecutivo de Carlos Menem en una situación delicada, ya que el monto necesario para atender las reclamaciones supera los 1.500 millones de dólares (180.000 millones de pesetas aproximadamente). La mitad del presupuesto argentino se dedica al pago de los haberes de 3,5 millones de pensionistas.

El Gobierno de Menem ha recurrido ante la Corte Suprema de Justicia argentina tratando de sentar una jurisprudencia a su favor con una resolución judicial definitiva y frenar así un total de 350.000 causas presentadas por los pensionistas. Esa instancia deberá pronunciarse, con carácter definitivo, sobre al menos 10.000 de las 100.000 sentencias que resultaron favorables a los pensionistas en las causas seguidas en los tribunales de primera instancia.Mientras el reajuste de los débitos y la polémica suscitada entre la Administración argentina y los representantes legales de los jubilados están ocupando los espacios más importantes de los medios de comunicación locales, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, advirtió públicamente que corre peligro la estabilidad económica en Argentina si los poderes judicial y legislativo no se dan cuenta de la gravedad del problema y actúan en consecuencia.

En ese sentido, y en una iniciativa que medios judiciales consideraron como presión inaceptable, exhortó a los jueces de la Corte Suprema a "entender que la única forma de enfrentar derogaciones es con recursos genuinos". "No están juzgando en un mundo donde el dinero se puede fabricar", dijo.

Otros funcionarios fueron más duros. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional difundió un comunicado en el que se afirma que algunas expresiones del ministro exceden el legítimo derecho a la crítica y constituyen una "injusta descalificación de la función judicial, y un acto de interferencia que lesiona el principio de independencia de los jueces".

Enrique Patracchi, uno de los titulares de la Corte Suprema de Justicia, consideró que la petición planteada por los jubilados es "absolutamente justa", pero el problema es "ver si el Estado nacional puede hacerse cargo de la deuda".

Patracchi sostiene que en la interpretación de la Ley de Convertibilidad de 1991, que estableció el cambio de uno a uno entre el peso y el dólar y fijó la movilidad de pensiones y jubilaciones, se encuentra el meollo del asunto. Una parte de los demandantes imputa a la Administración argentina la injusta liquidación de los haberes debidos antes de la promulgación de la ley, y la otra denuncia perjuicios en su aplicación.

Cavallo advierte que no se pueden dictar leyes repartiendo lo que no hay: "Si los jueces no desisten de la interpretación equivocada y si los legisladores no nos dan las herramientas para que las demandas no crezcan como una bola de nieve, vamos a tener que aumentar los impuestos para salvar del colapso al sistema jubilatorio".

El titular de Economía aseguró, sin embargo, que el Gobierno atenderá puntualmente sus obligaciones, pero criticó que quienes interponen los juicios sean aquellos que disfrutan de Jubilaciones más altas. "Son sólo 100.000 los que se llevan una cantidad enorme que nos impide pagarles más a los otros".

Pensión mínima

"Ganan 2.000 pesos (la misma cantidad en dólares) y los jueces nos obligan a pagarles 4.000 o 5.000 dólares. La ley dice que la jubilación máxima no puede superar más de 20 veces la mínima". Y la mínima es 150 pesos. "Quedan menos de 700.000 jubilados que ganan la mínima. Los otros 800.000 ganan de 220 a 250 pesos por los subsidios".Por su parte, el secretario de Hacienda del Gobierno argentino, Ricardo Gutiérrez, se mostró también pesimista e informó que la mitad del presupuesto, unos 20.000 millones de dólares, son destinados al pago de los haberes de tres millones y medio de jubilados.