La policía guarda datos sobre la raza, vida sexual y ADN de los investigados

Raza, vida sexual, salud, aficiones, estilo de vida, lengua materna, pertenencia a clubes y asociaciones y código genético (ADN) son algunos de los datos personales que figuran en los ficheros informáticos de la Dirección General de la Policía. En muchos casos, estas informaciones, que afectan al ámbito más íntimo de las personas, no se refieren a individuos condenados o procesados, sino a detenidos, investigados, incluidos en atestados, encartados o implicados en hechos delictivos, entre otras expresiones de gran imprecisión jurídica.

La Ley de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, de octubre de 1992, recurrida ante el Constitucional, impide conocer, cancelar o modificar los datos contenidos en los ficheros policiales, pero ha obligado a difundir la estructura de estos ficheros, publicada el 27 de julio en el BOE.La publicación de la estructura básica de los ficheros confirma la sospecha generalizada de que los bancos de datos policiales contienen información sobre la vida privada de millones de ciudadanos. Con, mayor o menor detalle, todos los españoles mayores de 14 años, algunos menores y un buen número de extranjeros figuran en al menos uno de los 49 bancos de datos que utiliza la policía para sus investigaciones y de los nueve que tiene la Guardia Civil, junto a 103 ficheros de control administrativo.

El fichero PERPOL contiene datos personales -incluida la raza, salud y vida sexual- de todas aquellas "personas físicas nacionales y extranjeras que tengan órdenes de búsqueda vigentes o cesadas, que hayan sido detenidas o se haya demostrado su implicación en hechos delictivos o sobre las que haya recaído alguna sentencia judicial por procesos penales".

Los ficheros Archivo e Inteligencia -que afectan, respectivamente, a "personas físicas y jurídicas que atentan contra la seguridad pública" y a "investigadas por hechos de tráfico ilícito de drogas "- recogen más de 60 datos personales de cada individuo; entre otros, además de la reiterada alusión a la vida sexual o el origen racial, la "pertenencia a clubes y asociaciones", las "suscripciones a publicaciones y medios de comunicación", los ingresos, rentas, inversiones, hipotecas, seguros, tarjetas de crédito, etcétera.

El fichero ADN incluye el patrón de bandas ADN"; es decir, el código genético, de todas las personas "implicadas en la comisión de hechos delictivos".

Obtención y cesiones

En la mayoría de los casos no se explica cómo se han obtenido estos datos, limitándose a señalar que "la información es grabada por los gestores a partir de los hechos investigados". El lugar donde deben indicarse las cesiones de datos previstas a otros organismos aparece casi siempre en blanco, salvo en algunos supuestos, en los que se indica: "A instituciones de carácter oficial con competencia en el ámbito de la seguridad pública" o "A la Agencia Tributaria".El artículo 20 de la ley de datos señala: "La recogida y tratamiento de datos de carácter personal por las fuerzas y cuerpos de seguridad sin consentimiento de las personas afectadas están limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro real, para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales".

El apartado tercero de dicho artículo, recurrido ante el Constitucional por el Grupo Popular, afirma que la recogida y tratamiento policial de datos referidos a la ideología, religión, creencias origen racial, salud y vida sexual "podrá realizarse exclusivamente en los supuestos en que sea absolutamente necesario para los fines de una investigación concreta"; lo que no parece acorde con la finalidad genérica de la media docena de ficheros que recogen datos de este tipo.

Motivos específicos

El apartado 4 del artículo 20 indica también que "los datos personales registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento". Y añade: "A estos efectos se considerará especialmente la edad del afectado ( ... ), la resolución judicial firme, en especial la absolutoria, el indulto, la rehabilitación y la prescripción de responsabilidad".Un fichero policial, GRUMEN, se refiere específicamente a la "gestión de información correspondiente a menores de edad de interés policial", así como de "personas relacionadas con ellos". Ni en este caso ni en ningún otro hace alusión lo publicado en el BOE a la cancelación o caducidad de las anotaciones.

En numerosos ficheros sorprende la práctica universalidad de la población afectada. Por ejemplo, el Piso 13, dedicado al "control de pisos alquilados" que incluye a "personas que han realizado contratos de arrendamiento", aunque "figuran asimismo los datos del propietario del inmueble". Esta información se obtiene "contactando con los propietarios de pisos, según los anuncios publicados en los periódicos, mediante la Cámara de la Propiedad y por investigaciones realizadas por la policía".

En Propie figuran "titulares de permisos de conducción expedidos en España y propietarios de vehículos". La información procede "de administraciones públicas". En BELINF aparecen "personas físicas y jurídicas que son propietarios de contratos telef6nicos". Los datos se obtienen de "anuarios telefónicos", en los que, sin embargo, no aparecen los "datos de la entidad financiera por la que se realiza el pago de los recibos y número de cuenta", que sí forman parte del fichero.

En DNIFIL están "los ciudadanos españoles mayores de 14 años" que han solicitado la expedición o renovación del DNI. Este fichero se utiliza para gestión administrativa, pero también para investigación policial, como el PASPOR, que incluye a ciudadanos españoles que pretenden viajar a otro país" y han solicitado el pasaporte.

Las referencias a los ficheros de la Dirección General de la Guardia Civil son mucho menos explícitas y se limitan a señalar que contienen "datos identificativos y personales", sin explicar de qué tipo. Entre otros, el fichero Transportes incluye a los "titulares de tarjetas de transportes"; Barcos, a "propietarios y usuarios, de embarcaciones", y Estrecho a "propietarios y usuarios de vehículos que cruzan el estrecho" de Gibraltar.

Juan Martín-Casallo, director de la Agencia de Protección de Datos, afirma que la exclusiónde los ficheros policiales de las normas aplicadas a los restantes, como el derecho de acceso y cancelación, "es buena si se trata de que el interés general prevalezca sobre el particular, pero hay que evitar que, so pretexto del interés general, éste no se proteja y además fastidiemos el interés particular del ciudadano".