La Junta andaluza tratará a los afectados de la fábrica de uranio como enfermos laborales

El consejero de Medio Ambiente de Andalucía, Manuel Pezzi, se comprometió ayer en Andújar a articular los resortes sanitarios necesarios para que 35 personas que trabajaron en la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA), puedan recibir una pensión correspondiente por enfermedad profesional y facilitar estas mismas garantías, a los descendientes de los 35 empleados que mu rieron como consecuencia de su trabajo. Es la primera vez que la Administración reconoce una relación entre el tiempo que los afectados trabajaron en la FUA y las consecuencias para su salud.

Pezzi advirtió que el único aspecto en el que puede insistir la Junta es en que se realicen los exámenes médicos necesarios para determinar que las afecciones equivalen a una enfermedad laboral y puedan disfrutar de todas las prestaciones y normativas que regulan este aspecto, "a los que ahora podrán acogerse incluso con carácter retroactivo", afirmó Pezzi.La intención es pedir a las autoridades sanitarias que realicen todas las pruebas necesarias y remitir su dictamen a la Seguridad Social para que proceda "a reconocer un derecho que puede ser reclamado" por los antiguos empleados, aclaró.

El consejero, que ayer visitó las obras realizadas sobre las antiguas instalaciones se refirió al error de trámite de ex trabajadores y viudas de éstos, que en su día firmaron documentos para la empresa, en los que se reconocía que la muerte o la afección -normalmente silicosis o cáncer de pulmón- no se había producido como consecuencia del tiempo que habían permanecido en la empresa.

También se anunció la intención de la Administración autonómica de realizar controles periódicos de radón (elemento radiactivo) en el agua y en los alimentos, Como medida de precaución, aunque se matizó que estas pruebas no son imprescindibles.

El cierre de la FUA se produjo oficialmente en 1981. Las personas que trabajaron en ella no tenían conocimiento, según han declarado con posterioridad, de la gravedad de la exposición a las radiaciones dé uranio. Cuando Enresa inició los trabajos para precintar las instalaciones, los empleados de la FUA se vieron sorprendidos por las rigurosas medidas de seguridad establecidas. Su preocupación aumentó en la medida en que se produjeron las primeras muertes. Durante los últimos años no han cesado sus reclamaciones a la Administración para que les sea reconocido su derecho a disfrutar de las prestaciones sociales que se atribuyen a los enfermos por causas laborales.

En la conferencia de prensa se puso de manifiesto que el momento en que tuvieron lugar las bajas por enfermedad o muerte de los trabajadores no era posible garantizar ninguna de las prestaciones que ahora la Junta intentará poner en marcha, ya que éstas se produjeron antes de 1978.

Los trabajadores de la antigua FUA recibieron ayer con escepticismo el nuevo compromiso de la Junta de Andalucía, informa Raúl Limón. "Lo que yo he oído son propuestas, pero no hay garantía de nada", comentaba ayer Antonio Molina tras la reunión con los responsables de Medio Ambiente.

Antonio Molina, de 65 años y residente en Andújar, está desde 1981 "de baja común", como él mismo le llama, desde 1981 y nunca se le ha reconocido sufrir una enfermedad laboral. Los últimos síntomas que ha detectado son deformaciones en los huesos.

La zona sobre la que se asentaba la factoría se ha convertido en un parque en el que se han plantado 1.700 árboles.