Hacienda proporcionara datos a la Seguridad Social para descubrir fraudes en las prestaciones

La llamada Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo, aprobada ayer por el Consejo de Ministros, abre por primera vez la vía para "una mayor comunicabilidad en el suministro de datos" entre la Seguridad Social y Hacienda. Un primer objetivo es descubrir casos de fraude en las prestaciones sociales. La medida obedece a una propuesta de la Unidad de Lucha contra el Fraude y está contemplada en un artículo de la Ley de Protección de Datos que está recurrido ante el Tribunal Constitucional.

La cesión de datos es una de las medidas propuestas por la Unidad de Lucha contra el Fraude, que preside Manuel Bravo. En su primer informe plantea "remover las limitaciones que, en materia de cesión de datos entre Administraciones, impiden que la Inspección de Trabajo pueda efectuar el cruce entre las bases de cotización a la Seguridad Social y en el resumen anual de retenciones a cuenta del impuesto sobre la renta".Hacienda dispone en la actualidad de datos informatizados sobre 33,7 millones de personas físicas y más de dos millones de personas jurídicas en un total de 1.764 millones de documentos. La Tesorería General de la Seguridad Social, por su parte, tiene almacenados 3.093 millones de documentos con datos de afiliados, empresas, pensionistas, etcétera.

La norma aprobada ayer, según la referencia del Consejo de Ministros, establece "una mayor comunicabilidad en el suministro de datos entre la Tesorería de la Seguridad Social y las Administraciones Tributarias". Uno de los artículos de esta ley obliga a Hacienda a proporcionar estos datos a la Seguridad Social para detectar si se cumplen los requisitos que dan derecho a obtener prestaciones.

La Ley Orgánica sobre regulación del tratamiento informatizado de los datos de carácter personal prohibe la cesión de datos entre administraciones públicas, "salvo que así esté previsto por las disposiciones de creación del fichero o por disposición posterior de igual o superior rango que regule su uso". Este artículo de la Ley está recurrido ante el Tribunal Constitucional por el PP.

Según fuentes de Trabajo se trata de una medida de cooperación contra el fraude de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Tributaría, lo que no significa un cruce generalizado de ficheros.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertades e Informática, Rafael Fernández Calvo, dijo ayer que "igual que las empresas deben pedir permiso a sus trabajadores para utilizar determinados datos personales, mayor exigencia debe tenerse con las Administraciones Públicas a quienes hay que proporcionarles esos datos de manera obligatoria".

La ley aprobada ayer incluye, además, una serie de medidas fiscales, laborales y sobre prestaciones sociales que completan las previstas en la Ley de Presupuestos del año próximo (véase cuadro). Entre ellas, una que favorece a los empresarios dedicados al comercio mayorista de automóviles ya que se les devolverá el impuesto de matriculación por vehículos exportados.

Respecto de los Presupuestos enviados anteayer al Parlamento, el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba dijo: "No creo que sea un presupuesto duro, sino el adecuado para consolidar la recuperación y crear empleo

Las centrales sindicales, por otra parte, han reaccionado a la petición del Gobierno de que los salarios en el sector privado no deberían crecer en 1995 por encima del 3% señalando que consideran que "los salarios el año próximo deban garantizar al menos el poder adquisitivo".