El Gobierno logra sacar adelante la ley eléctrica con un estrecho margen

El Gobierno logró ayer sacar adelante la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico al rechazar el Pleno del Congreso de los Diputados las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco (PNV) e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya (IU-IC). Esta nueva ley, contestada por distintos motivos por la oposición, separa los negocios de producción y de distribución y consagra la paralización definitiva de las centrales nucleares que estaban en moratoria.

"Se va a votar ya". José Borrell, ministro de Transportes, llegaba corriendo al hemiciclo, donde el titular de Industria, Juan Manuel Eguiagaray, debatía la ley con los representantes de los otros grupos. El Ejecutivo tuvo que tocar a rebato para asegurar la continuidad de la ley. Pero, a pesar de ello, no consiguió llenar sus escaños (faltaron muchos ministros) y, gracias al apoyo de sus aliados de Convergència i Unió (CiU), el Gobierno salió airoso.El margen de la votación para tumbar las enmiendas a la totalidad (sin texto alternativo) del PP y PNV fue muy estrecho (161 contra 151 y cuatro abstenciones). El principal partido de la oposición no supo aprovechar las ausencias en el grupo socialista, ya que de haber acudido alguno más de sus diputados habría logrado hacer prosperar su propuesta, que recibió el apoyo de PNV, IU-IC y varios miembros del grupo mixto. Los cuatro representantes de Coalición Canaria se abstuvieron. El diputado Luis Gámir volvió a subrayar ayer que si el PP gobiema cambiará la ley.

La enmienda de IU-lC, ésta con texto alternativo, recibió el apoyo de 16 diputados, la abstención de Coalición Canaria, y el rechazo de 295 votos. IU-IC propuso cerrar todas las nucleares y criticó el gasto que ha supuesto la moratoria nuclear desde 1983 ("555.000 millones que podían haberse ahorrado", dijo Felipe Alcaraz).

La ley, que ha tardado casi dos años en ver la luz definitiva, llegó a este último trámite en un ambiente crispado por la oposición mostrada por la empresa Iberdrola, haciendo llegar las quejas a Bruselas. La razón es el papel preponderante que a su juicio, la ley concede a la empresa pública ENDESA. En el fondo late su rechazo a la separación de los negocios de producción y distribución (será necesario crear una nueva empresa para que haga una de las dos labores antes del año 2000), a la obligación de sacar de balance los negocios no eléctricos (las eléctricas han invertido, por ejemplo, en telefonía móvil) y a la moratoria nuclear y la forma de amortizar las nucleares paralizadas (mediante la emisión de títulos a varios años).