Un juez de Mallorca pide a la Interpol la captura del empresario de Brokerval
El hombre de negocios e intermediario financiero mallorquín Francisco Berga, consejero de la agencia de valores Brokerval, que se encuentra huido desde hace un mes y medio, será buscado por la Interpol en todo el mundo, después de que ayer el juez de Palma Pedro Barceló firmara el auto preceptivo.
Berga es el presunto responsable de la gestión en Baleares de una trama de sociedades financieras e inmobiliarias que manejó en Madrid, Cataluña, Valencia y Canarias una bolsa de dinero negro evaluada en decenas de miles de millones de pesetas (véase EL PAÍS del 24 de julio). Berga se asoció años atrás con los hermanos Monjo Carrió -ex inspectores de Hacienda y agentes de bolsa-, el ex ministro centrista José Pedro Pérez Llorca y la familia del dirigente popular Abel Matutes. Luego, las fuerzas vivas de Baleares le dieron confianza al crear la agencia pese a su vinculación a conocidos fracasos multimillonarios en Mallorca.Los grupos de la oposición al Partido Popular en Baleares -PSOE, PSM-Nacionalistas e Izquierda Unida- afirman que el PP y el presidente balear, Gabriel Cañellas, están implicados como beneficiarios en este caso. Ni en el ámbito policial, ni en el judical o fiscal se ha confirmado ningún dato en ese sentido.
El Diario de Mallorca sostiene que existen en la documentación intervenida matrices de talonarios y listados de entregas de dinero de Brokerval a destacados políticos conservadores. Años atrás, la Banca Matutes, que estaba controlada por la familia del ex comisario europeo y hoy líder europarlamentario, Abel Matutes, se asoció con la empresa matriz de Brokerval. Matutes negó inmediatamente toda relación actual o reciente con Berga. El PP, también.
Cañellas se niega sistemáticamente a replicar a las acusaciones que le implican en el caso. Su hijo, Gabriel Cañellas Rotger, realizó depósitos en la sociedad de Berga y el propio Gobierno balear y varias de sus empresas fueron clientes de Brokerval. La universidad balear -cuyo gerente, Luis Piña, era socio y consejero de la agencia- también efectuó depósitos de puntas de tesorería en operaciones de alto rendimiento. Tres socios denunciaron ante el juez a Berga, a finales de junio, por dejar un agujero de 800 millones de pesetas. El gerente huyó, Brokerval está en quiebra y el juez acusa a su principal gestor de presuntos delitos fiscales, estafa, apropiación indebida y falsedad documental. Numerosos depositarios -más de 600- están siendo investigados por un equipo de ocho inspectores de Hacienda y el grupo de Delincuencia Económica examina la documentación incautada.
Los dos jueces de Palma que sucesivamente han actuado en las últimas semanas no han completado las diligencias ni han investigado aún a fondo la trama de implicados. El caso fue trasladado, por inhibición, a la Audiencia Nacional dada su magnitud y las vinculaciones interprovinciales. Sin embargo, las defensas de dos consejeros han presentado un recurso contra el paso de las diligencias a los juzgados especializados en Madrid en delitos monetarios.
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