Hacienda aumenta el límite del delito fiscal y lo amplía a la Seguridad Social

El proyecto de ley sobre la reforma del delito fiscal, que tiene previsto analizar y probablemente aprobar hoy el Consejo de Ministros, introduce dos novedades significativas: elevar su actual límite de cinco millones de pesetas y extenderlo a los fraudes que se cometan contra la Seguridad Social. El nuevo tope, que en los borradores iniciales del proyecto de ley se colocaba en 15 millones de pesetas, puede variar en función de cada tipo de delito, según señalaron fuentes de la Administración.

Eludir el pago de impuestos, olvidar el ingreso de las retenciones, o lograr devoluciones o beneficios fiscales indebidos por un importe determinado era castigado con penas de prisión menor y con una multa de hasta seis veces lo defraudado.En estos momentos, defraudar a Hacienda es delito cuando la cuantía del fraude supera los cinco millones de pesetas. La nueva norma eleva este límite porque, según los expertos que han trabajado en su redacción, "la modificación del delito fiscal debe ser una actualización tendente a resolver los problemas a los que la jurisprudencia no ha dado una solución satisfactoria". Con esta idea, el delito fiscal se cometerá, cuando entre en vigor la nueva norma, tanto por acción como por omisión.

La elevación del tope del delito pretende, según esos expertos, "dejar a la jurisdicción penal única 'y exclusivamente para la represión de conductas objetivamente graves y perjudiciales para la Hacienda Pública". Los tribunales quedan, pues, para el gran fraude.

Éste se medirá por lo defraudado en el año, en los ¡mpuestos que exigen declaración periódica, como el IRPF, el IVA o el impuesto sobre el patrimonio. Cuando el fraude se meta por un hecho excepcional, como una sucesión o donación, la cuantía se medirá por el importe que debería haber tenido la liquidación. Esta misma medida se aplicará ando el defraudador haya obtenido devoluciones, beneficios fiscales o incentivos fiscales de forma indebida.

La frontera del delito es lo que ayer aún no estaba totalmente definido. En los primeros borradores del proyecto de y se situaba en 15 millones de pesetas. Sin embargo, hasta ayer se estaba trabajando con varias alternativas. Fuentes de Administración señalaron que la decisión última se adoptará en la misma mesa del Consejo. El esquema que cuenta con más posibilidades de aprobarse es el que establece topes distintos a cada tipo de infracción.

La nueva norma, además, amplía el castigo que soportará el defraudador a su capacidad de obtener beneficios de la Administración en el futuro. En concreto, los responsables de delito fiscal no podrán obtener subvenciones o ayudas públicas, y perderán el derecho a disfrutar de beneficios o incentivos fiscales, o de la Seguridad Social, durante un periodo de tres a seis años.

Por otra parte, el nuevo texto convierte a la regularización en la única amnistía para el delito fiscal. El proyecto de ley calca la norma administrativa al eximir de estas penas a quien regularice su situación tributaria antes de que se le notifique el inicio de una actuación inspectora.