Diputados de la Liga y Forza Italia se pelean por el decreto de Berlusconi
El decreto ley de liberación de los corruptos aprobado por el Gobierno de Silvio Berlusconi sigue provocando enfrentamientos, aún después de haber sido retirado. Diputados de la Liga Norte, el partido de la mayoría que más se opuso a la norma, y de Forza Italia hubieron de ser separados ayer en el Parlamento italiano durante el debate previo a la declaración de inconstitucionalidad del decreto.
La pelea surgió cuando un diputado de Forza Italia recordó, que, en la anterior legislatura, la Liga mostró una horca en la Cámara. Este tipo de enfrentamientos, incluso físicos, fue relativamente habitual en el anterior Parlamento entre la Liga, los socialistas y los democristianos, o entre todas las demás fuerzas y los neofascistas del Movimiento Social Italiano (MSI). Pero lo que ni siquiera en Italia había ocurrido hasta ahora es que la pelea surgiera entre aliados en el Gobierno.El motivo fue, además, trivial, una pura resaca de los resquemores generados en los últimos días, ya que el debate en curso era casi protocolario: políticamente, el decreto ley sobre la prisión preventiva murió el pasado martes, cuando el Gobierno anunció que lo retiraba tras la amenaza formulada por la Liga y Alianza Nacional de que, en caso contrario, saldrían del Gabinete. Pero tratándose de una norma que había entrado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, se requería el rechazo del Parlamento para que dejara de tener vigor. El Gobierno había pedido un voto contrario al decreto.
El portavoz del Gabinete, Giuliano Ferrara, agresivo ex periodista de Fininvest, la televisión de Berlusconi, y elemento clave en la crisis del decreto, aprovechó, sin embargo, el debate de ayer para proclamar que "el decreto sobre la prisión preventiva no fue derrotado ni por los componentes de la mayoría ni por la oposición, sino por la décisión de los fiscales de Milán de anunciar por televisión que dimitían". Estas palabras de Ferrará hicieron subir el tono de un debate caldeado desde la víspera por una declaración del Consejo Superior de la Magistratura (CSM) contra los ataques a los jueces formulados en días pasados por Berlusconi y sus adláteres.
"No son admisibles declaraciones genéricas, provenientes de sujetos investidos de altas responsabilidades institucionales, que implican a todo el cuerpo judicial con acusaciones igualmente genéricas de ilegalidad, abusos e incluso de incivismo" decía el comunicado un del órgano autoregulador de los magistrados.
Previa protesta de Berlusconi, el presidente de la República, Oscar Luigi Scalfaro, hizo saber el miércoles que consideraba "inadecuada" esta declaración del CSM. "Es necesario que intervenciones de este tipo no vuelvan a repetirse, porque se traducen en un grave daño para el equilibrio de los órganos del Estado", aseguró el jefe de Estado.
Interferencias mutuas
Por su parte, Giovanni Galloni, presidente del CSM, afirmó. ayer que "si alguna interferencia ha habido, ha sido la del poder ejecutivo que ha atacado frontalmente a la magistratura italiana, diciendo que comete abusos y actos ilícitos, sin documentar en modo alguno todo esto".Con el trasfondo de esa polémica que refleja un elevado grado de tensión entre las instituciones, Pietro Di Muccio, diputado de Forza Italia, al intervenir ayer en el debate de la Cámara en defensa de la constitucionalidad del decreto, dijo que "más vale tener 1.000 delincuentes en libertad que un sólo inocente en la cárcel". Y estalló en el Parlamento un pandemonio.
Resultaron especialmente cercanas las protestas surgidas de los bancos de la Liga Norte, en vecindad con los de Forza Italia debido al pacto de Gobierno. Y Muccio no se calló: "Soy consciente de que lo que digo no puede agradar a quienes, en la anterior legislatura, mostraron una horca en esta sala". Entonces volaron puñetazos y hubieron de intervenir los ujieres.
