400 recursos ganados por los investigadores ponen en cuestión el sistema que les examina

Miles de investigadores -de ciencias y de humanidades- están siendo examinados en estos días por la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, creada en 1989 e integrada por 15 investigadores de prestigio. El sistema, fuertemente contestado, ha cosechado ya 750 recursos en contra, 400 ganados por los investigadores, todos ellos por una cuestión de forma. Una evaluación positiva implica un aumento de sueldo. Ante la pretensión del Gobierno, en el proyecto de Ley de Actualización de la LRU, de que este órgano evalúe también los sexenios de investigación exigibles a los candidatos a profesores titulares de Universidad se han renovado las críticas a la comisión.

Ni los Integrantes de los comités asesores ni los criterios aplicados son públicos, por lo que, el sistema es tachado de "clandestino y endogárnico".La contestación no se para en protestas verbales. Sobre cerca de 20.000 investigadores que han decidido someter su trabajo al dictamen de los comités asesores, ya existen 400 sentencias de cinco Tribunales Superiores de Justicia a favor de los recursos presentados por investigadores a quienes se les ha evaluado algún tramo negativamente. Las sentencias no obligan a la Administración a hacer una nueva evaluación, pero sí a argumentar mejor la evaluación negativa. El Ministerio de Educación y Ciencia afirma no tener datos sobre, cuántos investigadores han su frido una evaluación negativa parcial o total.

Las críticas se centran en la elección de los miembros de los once Comités asesores (Física y Matemáticas; Química; Biología celular y molecular; Biomedicina; Ciencias de la Vida; Ingenierías; Ciencias Sociales y Políticas del comportamiento y de la Educación; Económicas y Geografía económica; Derecho; Historia y Arte; Filología y Filosofía), propuestos por los miembros de la Comisión Nacional y que son renovados por mitades cada año.Cien opinionesFernández de Caleya se opone con rotundidad a las críticas sobre los criterios evaluadores de la comisión y alega que los asesores que integran los comités han pasado antes por el aprobado del Consejo de Universidades; de la Junta de Gobierno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); por la opinión de los delegados de las Consejerías de Educación con competencias, y de miembros del Senado y el Congreso y que en total sus nombres son conocidos por más de 100 personas a las que se les pide opinión.Sobre si es contradictorio o no que al tratarse de un concurso público no se conozcan los nombres de quienes integran los comités, Fernández de Caleya reflexiona: "No, porque se acordó que era más importante la pureza del proceso. No decimos que todos fueran a presionar, decimos que es muy humano que ocurra".

Según Fernández de Caleya, desde el primer momento la Administración decidió no hacer públicos los nombres de los miembros de los Comités asesores. Pero las filtraciones se impusieron y en aquella primera evaluación los nombres de estos miembros fueron incluso publicados en la prensa.Es el caso del profesor José Álvarez Junco, que en 1989 presidió el Comité de evaluación en el área de Ciencias Sociales: "Todo el mundo científico conocía quiénes éramos los asesores. Otra cosa es que luego nosotros acudimos a la opinión de evaluadores externos que sí fueron completamente anónimos. De todas formas, entiendo que el secretismo es un arma de doble filo. Es cierto que alguna presión sí tuvimos, pero mucha menos de la que puede sospecharse a priori. En mi opinión lo que sí debe ser público es el baremo de criterios aplicables a la evaluación, no el detalle, sino el conjunto de criterios con que se evalúa".

"Si no se han hecho públicos los criterios de evaluación es porque pensamos que es conveniente esperar a que finalice esta primera etapa de la Comisión -seis años- para tener un diseño definitivo de los mismos", señala Fernández de Caleya.

"No dudo de la calidad de los evaluadores", asegura Fernando Briones, coordinador del área de Física en el CSIC. "Yo no he pertenecido a ningún comité asesor, sí me he presentado a examen en cambio. Ahora bien, admito que los criterios de evaluación deberían ser públicos, aun cuando la subjetividad es un elemento deseable, pero posterior a la publicación de los criterios. ¿Por qué subjetividad?..., porque no se puede valorar de la misma manera un área que otra".En opinión de este investigador, el mismo hecho de que en los últimos años se haya multiplicado por diez la actividad investigadora en España podría deberse en parte a la existencia de estas evaluaciones: "Incluso diría que si no se publican los criterios de evaluación es porque hay que dar tiempo a que la población investigadora termine de ponerse al día".

En cuanto a la Comisión Nacional, hasta el momento, treinta personas con prestigio en sus respectivos campos -José María Segovia de Arana, Pedro Pascual, Alberto Matos y Justino Duque son algunos de los integrantes actuales- han formado parte de ella y todos ellos han tenido que ser evaluados previamente.