Anticorrupción investiga un contrato de Mazón con un empresario afín durante su presidencia de la Diputación de Alicante

La Fiscalía Anticorrupción investiga la adjudicación por parte de la Diputación de Alicante de contratos superiores a los dos millones de euros a un empresario afín al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Esta licitación supuestamente irregular se produjo cuando el jefe del Consell aún estaba al frente de la institución supramunicipal y continúa en la actualidad con su sucesor en el cargo, Toni Pérez, alcalde de Benidorm. El Ministerio Público ha abierto diligencias de investigación penal y ha citado a declarar al denunciante, el portavoz de Compromís en la Diputación, Ximo Perles, según ha desvelado él mismo en una comparecencia ante los medios, en la que ha precisado que la denuncia se interpuso “en octubre, antes de la dana”. El documento presentado por Compromís considera que se podrían haber cometido los presuntos delitos de fraude en la contratación pública, falsedad documental, malversación de fondos públicos y prevaricación. La Diputación defiende que el contrato “ha sido avalado hasta en cuatro ocasiones por distintos tribunales de la provincia desde el año 2022″.

Las sospechas de la formación nacionalista comenzaron, tal como ha relatado Perles, tras comprobar que “Mazón había duplicado por dos la cantidad asignada a publicidad institucional” y tras escuchar los testimonios de “varios periodistas que denunciaban presiones para cambiar titulares” que se apartaran del ideario que “pretende transmitir el Partido Popular”. En su investigación antes de presentar la denuncia, avanzada por elDiario.es, y la que ha tenido acceso este periódico, Compromís descubrió que había una aparente “maquinación para adjudicar a Miguel Quintanilla”, amigo personal de Mazón y propietario del grupo de comunicación Idex, “un dineral”, tasado en “un millón de euros anuales”. Y también una trama para “pagar publicidad institucional a determinados medios y sancionar a otros” ideológicamente distantes del PP: “Nos llamó la atención, por ejemplo, que un periódico como EL PAÍS no recibiera ni un solo euro”, ha afirmado Perles. El diputado alicantino recuerda que el actual jefe de gabinete de Mazón, Santiago Lumbreras, “ya vetó a periodistas y redactó supuestas listas negras” de profesionales desafectos al PP cuando era jefe de informativos de Ràdio 9 durante la presidencia de la Generalitat de Eduardo Zaplana.

Los contratos sometidos a escrutinio son dos, suman más de dos millones de euros y están destinados a la planificación, negociación y compra de espacios de inserción de publicidad en medios de comunicación para la difusión de campañas de publicidad de la Diputación de Alicante. Ambos recayeron en la Unión Temporal de Empresa (UTE) formada por las agencias Buena Suerte Señor Gorky SL e Idex Ideas y Expansión SL, esta última propiedad de Quintanilla.

La denuncia, que ha derivado en la apertura de diligencias por parte del fiscal Pablo Romero, mantiene que se “manipularon los procesos de contratación” para atribuir a dedo las adjudicaciones a la UTE, que “aportó una oferta económica falsa”. Como ejemplo, Perles habla de que el 70% de la puntuación de los licitadores se basa en los posibles descuentos obtenidos de medios de comunicación a partir de tarifas oficiales que, según el denunciante, son inexistentes. En el otro 30%, Perles también aprecia posibles irregularidades, ya que se apoyaba en una propuesta técnica para organizar una feria del libro en la Diputación, en la que la UTE designada venció en uno de los contratos. Esa misma propuesta, con idéntica respuesta de la misma adjudicataria, se repitió en otro de los contratos licitados, lo que daba ventaja a la empresa participada por Quintanilla y vulneraba la posibilidad de concurrir en igualdad de condiciones entre las diferentes licitadoras.

Tras acceder a su cargo como diputado provincial, Perles señala que se reunió con Toni Pérez para preguntarle por este asunto, del que “hizo caso omiso”. También afirma que denunciaron el caso por la vía administrativa en la institución provincial, cuestionando “qué criterio se seguía” al otorgar publicidad institucional a determinados medios y “por qué había diarios excluidos”, como EL PAÍS, elDiario.es o, incluso, la radiotelevisión autonómica À Punt. “No se trata de una cuestión estrictamente política”, ha dicho Perles, “estamos ante una presunta trama que utiliza dinero público para comprar medios, es casi una mafia”. Compromís solicita que se decrete el secreto de sumario, que se requiera a los medios de comunicación que supuestamente han ofrecido descuentos que lo confirmen y que se incorpore al procedimiento un informe de la Agencia Valenciana Antifraude.

La denuncia de Compromís añade que Quintanilla también pudo haberse beneficiado de un crédito extraordinario de 363.000 euros concedido a la patronal hotelera Hosbec para una campaña promocional del turismo tras la epidemia de covid, en junio de 2020. Según los denunciantes, la entidad hotelera pudo funcionar como “empresa pantalla” para tramitar una asignación a las dos mercantiles que forman la UTE bajo sospecha. “De hecho”, señala el documento, “de la justificación de la subvención se acredita que el único gasto aytribuido a la misma fue la contratación de contrato de servicios” y el pago “de nóminas de la entidad”, entre ellas las de la entonces secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, que posteriormente fue designada como consejera de Turismo por Mazón y que fue cesada por su gestión tras la dana.

Encargo en la dana

Aunque no aparezca en esta denuncia, Quintanilla también está detrás de un contrato de cerca de 18.000 euros –una cantidad que permite una contratación a dedo― la realización de una campaña de imagen “de apoyo y recuperación tras la dana a Acords Films SL, propiedad de este empresario. Tras conocerse la contratación, el portavoz socialista en las Cortes, José Muñoz, mostró el 17 de diciembre una fotografía, publicada en redes sociales, en la que aparece Mazón acompañado por este empresario y acompañado también por el secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, Santiago Lumbreras. “Nos juntamos los amigos y oye tú qué risas”, es el texto que acompaña a la fotografía de uno de los asistentes.

El socialista reprochó a Mazón haber otorgado el contrato a dedo a un empresario al que calificó de, “amiguito del alma”, expresión que utilizó el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, para referirse a Álvaro Pérez, El Bigotes, uno de los miembros de la red corrupta Gürtel. Carlos Mazón solo contestó que la empresa fue contratada también por el Gobierno del Pacto del Botánico, liderado por los socialistas, con el apoyo de Compromís.

Respuesta de la Diputación

En un comunicado institucional, el diputado de Cultura y responsable del área de Contratación de la Diputación de Alicante, Juan de Dios Navarro, defiende que el contrato de planificación y compra de espacios publicitarios en los medios de comunicación de esta institución, “ha sido avalado hasta en cuatro ocasiones por distintos tribunales de la provincia desde el año 2022″. “El contrato cumple completamente con la legalidad vigente y así lo han determinado los tribunales de justicia en las cuatro ocasiones en las que Compromís lo ha denunciado en los últimos tres años; dos con sentencias del Juzgado de lo Contencioso y dos con resoluciones del Tribunal Especial en Materia de Contratación”, afirma.

Navarro argumenta que ninguna de las empresas que han optado a este contrato de medios y que no resultaron adjudicatarias “ha presentado ningún tipo de reclamación ni denuncia en las dos licitaciones que se han hecho y a las que han concurrido hasta diez mercantiles en cada una de ellas”. También niega que exista una trama para usar el dinero público para favorecer a determinados medios de comunicación. “Sólo en el último año la Diputación ha insertado campañas de publicidad, a través de la empresa adjudicataria, en 125 medios de comunicación de todos los soportes y tamaños, todos ellos con implantación territorial y social en la provincia de Alicante”. Además, “la selección de estos medios a la hora de insertar la publicidad se hace en base a criterios objetivos de difusión, audiencia, alcance y penetración, tal y como marca la ley 12/2018 del 24 de mayo de publicidad institucional”. Por último, Juan de Dios Navarro rechaza las acusaciones vertidas por Perles contra funcionarios de la Diputación. “Es muy grave que se acuse directamente a trabajadores de esta institución de participar en una trama fraudulenta somo ha sugerido el señor Perles”.