Fondos con control

LA RENUNCIA del Parlamento al control estricto del uso de los fondos reservados estaba basada en la presunción de que tales partidas presupuestarias serían destinadas a los fines para las que son libradas. Pero las fundadas sospechas de que sirvieron para que altos cargos de Interior se sufragaran una especie de seguro de retiro han puesto en evidencia el carácter infundado dé esa presunción.

Tras el conocimiento de esos indicios, al Parlamento no le quedaba otra salida que retomar su control. De no hacerlo, corría el riesgo de que su pasividad fuera interpretada como un aval de prácticas fraudulentas y ventajistas en la utilización de esas partidas presupuestarias.

Ese riesgo, unido al lógico malestar del Parlamento por el manifiesto engaño de que ha sido objeto, explica que el Partido Popular haya urgido al Gobierno a que establezca una nueva regulación de los fondos reservados y que los demás grupos políticos hayan apoyado de forma unánime la iniciativa. Antes del mes de octubre, el Gobierno deberá remitir al Congreso un proyecto de ley reguladora de los fondos reservados, cuya novedad más importante radica en la creación de una comisión parlamentaria específicamente encargada de su control.

La nueva regulación habrá de incluir varios puntos específicos: los ministros que disponen de esos fondos (los de Interior, Defensa, Justicia y Asuntos Exteriores), y en general las personas encargadas de su administración, se verán obligados a hacer una declaración patrimonial especial; la Intervención General del Estado participará en el control de su gestión; el Gobierno y el Tribunal de Cuentas tendrán una información continuada sobre su uso, y la Ley de Presupuestos del Estado reforzará su carácter vinculante, de modo que la cuantía de los fondos reservados no pueda alterarse sin la autorización expresa del Parlamento.

Este último punto es especialmente relevante cuando se sabe, según ha puesto de manifiesto la comisión Roldán, que los fondos reservados del Ministerio del Interior excedieron durante los últimos ejercicios en más de 4.000 millones de pesetas lo inicialmente presupuestado. Es decir, que al uso irregular de esas partidas se añade la evidencia de que las mismas han sido interesadamente aumentadas mediante la transferencia de fondos provenientes de otros capítulos presupuestarios. Esto equivale a garantizar la opacidad de esas cantidades adicionales no autorizadas por las Cámaras. Si se comprueba, ello añadiría gravedad al escándalo.

El trasvase de fondos de partidas ordinarias a otras de carácter reservado es un hecho gravísimo que hace al responsable político o administrativo que lo autoriza objeto de todas las sospechas. Está bien, por tanto, que el Parlamento establezca las cautelas legales que impidan en el futuro este tipo de actuaciones por parte de los encargados de la administración de los fondos reservados. Pero si existen indicios de que en el pasado reciente se han desviado a esos fondos las cantidades que la comisión Roldán señala en su dictamen, no es posible, ni legal ni políticamente, quedarse con los brazos cruzados.

El Parlamento, el ministerio fiscal o el Tribunal de Cuentas tendrán que investigar cómo y por qué se ha producido ese aumento desorbitado y encubierto de los fondos reservados del Ministerio del Interior. Estaríamos ante dos desviaciones presupuestarias a cual más grave: la de los propios fondos reservados destinados a fines distintos que los relacionados con la seguridad, y la de las partidas que habrían sido manipuladas para engrosar a su costa los fondos reservados.