El Gobierno de Castilla-La Mancha recurre el fallo de Trabajo sobre Santana

La Consejería de Industria y Turismo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha recurrió ayer la resolución de la Dirección General de Trabajo que aprobó el expediente de regulación de empleo de Santana Motor, formulado por la Junta de Andalucía. El Gobierno que preside el socialista José Bono considera que el expediente discrimina a los trabajadores de la planta de Manzanares (Ciudad Real).

Según el Ejecutivo autónomo el expediente de regulación aprobado, que implica la suspensión de 93 contratos de trabajo en la factoría de Manzanares (Ciudad Real), "es discriminatorio hacia las plantas de Santana ubicadas fuera del territorio andaluz", como ocurre en el caso manchego.La interposición del recurso presentado por el Gobierno regional contra la resolución adoptada el pasado 25 de mayo por la Dirección General de Trabajo, se basa en el incumplimiento de trámites preceptivos, como la audiencia previa al Ejecutivo de Castilla-La Mancha, o la no concurrencia, según la Inspección de Trabajo de Ciudad Real, de causas tecnológicas o económicas que justifiquen la suspensión de contratos.

Esta decisión, adoptada ayer en la tradicional reunión de los martes del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha, fue formalizada también en el día de ayer.

Mientras, la factoría de Santana en Linares (Jaén) ha dado un paso más para garantizar la normalización de la producción y el levantamiento de la suspensión de pagos, informa Raúl Limón. El presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), José Romero, y el consejero delegado de Santana Motor, Yashuisa Maeda, firmaron el crédito participativo de 6.800 millones de pesetas comprometido por el Gobierno andaluz para el mantenimiento de la empresa. Al mismo tiempo, el responsable de Suzuki recogió un segundo anticipo de 1.800 millones de pesetas sobre el préstamo, con el que la factoría cuenta ya con la mitad de la aportación prevista de la Junta.