Batería de resoluciones para atajar la corrupción

El Pleno del Congreso debatió ayer un total de 234 propuestas de resolución de los siete grupos parlamentarios, de las que casi un centenar fueron aprobadas. El capítulo anticorrupción se llevó el grueso de las resoluciones, tanto por el número como por la trascendencia. Se rechazó la propuesta del PP de crear una comisión para investigar el caso Filesa y se aprobó, en cambio, una comisión de estudio sobre la financiación de todos los partidos con representación parlamentaria desde 1979. Las comisiones de investigación serán públicas y los arrepentidos en casos de corrupción no cumplirán penas de cárcel. En el ámbito fiscal destaca la reducción de la tarifa de varios impuestos en proporción a la inflación anual.

La propuesta del PP para crear una comisión que investigue el caso Filesa y el destino de los fondos que recaudaba la trama de empresas en torno a la citada fue rechazada. Sin embargo, el Congreso aceptó la formación de una comisión no permanente para estudiar la financiación de los partidos desde 1979, "puesta en cuestión por los casos como Filesa, Naseiro, etcétera". La resolución contó con apoyo unánime, pese a que los populares denunciaron luego que se trata de un "simulacro" para eludir la investigación sobre Filesa.Las tres últimas palabras entrecomilladas -"Filesa, Naseiro, etcétera"- provocaron una dura negociación con los nacionalistas de CiU, que exigieron garantías de que en ningún caso se analizará la llamada operación Roca, es decir, la financiación dé frustrado proyecto electoral del Partido Reformista, que concurrió a las elecciones de 1986 en cabezado por el secretario general de CiU, Miquel Roca.

El PSOE negó de forma tajante este punto. También se exigió al Grupo Socialista eliminar una referencia expresa al caso Casinos, que afecta presuntamente a. la financiación de CiU.

Algunas de las medidas aprobadas ayer por el Grupo Socialista, e incluso presentadas al Pleno por él mismo, fueron llevadas al Congreso en el pasado por otros grupos, en especial el Popular e IU-IC, y rechazadas por los diputados del PSOE.

Los grupos de CiU, PNV e IU se mostraron satisfechos por la actitud receptiva hacia sus propuestas de los socialistas, mientras el portavoz de Coalición Canaria, Lorenzo Olarte, aseguró que había sido "castigado" por los socialistas por su actitud enérgica en el debate del martes.

El PP acabó votando la totalidad de las propuestas socialistas, con alguna excepción menor por diferencias técnicas, incluido el bloque de medidas anticorrupción, para hacer patente su voluntad de limpiar la vida pública.

Pero Rodrigo Rato, portavoz popular en el Congreso, siguió criticando ayer lo que considera un intento del PSOE de hacer olvidar sus actitudes pasadas presentándose como adalid de la lucha contra la corrupción.

Del conjunto de medidas, muchas de ellas presentadas de forma similar por varios grupos, destacan las siguientes:

Comisión de investigación sobre el patrimonio de Mariano Rubio, ex gobernador del Banco de España, y del posible uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

Las comisiones de investigación tendrán carácter público, salvo que afecten a cuestiones protegidas por el secreto oficial. Se eliminarán los obstáculos legales que les impiden acceder a la información que precisan.

Se crea la figura del arrepentido en materia de corrupción y se garantiza que no cumplirá penas de cárcel por su participación en los hechos que denuncie. El texto fue pactado por el PSOE sobre la propuesta de CiU.

Endurecimiento de penas para delitos económicos.

El jurado decidirá sobre delitos de corrupción y se agilizarán su instrucción y enjuiciamiento.

Creación de una fiscalía especial para la prevención y represión de delitos económicos.

Creación de una unidad especial en el Servicio Jurídico del Estado para la lucha contra el fraude y la corrupción.

Nueva regulación de los fondos reservados que garantice su control parlamentario, para que sólo se destinen a los fines que les sean propios. Las partidas no podrán ser modificadas sin autorización de las Cortes.

Se amplía el número de altos cargos y autoridades obligados a entregar en el registro público su declaración de bienes.

Los diputados quedarán obligados a entregar al registro de intereses del Congreso sus declaraciones de renta y patrimonio y la Comisión del Estatuto podrá actuar de oficio para investigar sus actividades económicas.

El Tribunal de Cuentas incrementará sus competencias fiscalizadoras y sancionadoras. En relación a la financiación de los partidos políticos, podrá solicitar información de personas privadas, físicas o jurídicas.

Mecanismos legislativos para controlar el gasto público con intervención previa de su legalidad.

Propuestas rechazadas

Entre las medidas anticorrupción que fueron rechazadas destaca la pretensión del PP de sustituir al actual fiscal general del Estado, Eligio Hernández. Una propuesta del PP para la creación de una ponencia dedicada al estudio del modelo de servicios de información del Estado y la fijación de instrumentos de control parlamentario fue también rechazada.

Una propuesta de contenido similar de los PP y CiU para establecer un procedimiento de examen previo parlamentario de los candidatos a órganos constitucionales y altos cargos, como el gobernador del Banco de España o el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, fue aprobada en la redacción de los nacionalistas catalanes.