El Gobierno aborda los escenarios hasta 1997 y fija el déficit público sobre el 4%

Solbes quiere romper la inercia en el gasto público. No hay dinero para alegrías y cada peseta que se emplea debe revisarse. Así de grave fue el ministro de Economía al presentar en el anterior Consejo de Ministros el escenario presu puestario hasta 1997. En esa fecha, el déficit de las Administraciones Públicas, debe situarse en tomo al 4% del PIB, frente al 7,2% del pasado año. Pensiones e infraestructuras son las únicas partidas que se salvan de las restricciones en el gasto.

Durante los dos últimos Consejos de Ministros, el Gobierno ha debatido un documento presentado por el titular de Economía con los escenarios presupuestarios hasta 1997. Las conclusiones deberán enviarse a Bruselas a principios del verano, junto con un balance de la ejecución del Plan de Convergencia (1992-1996).Según diversas fuentes, el documento incluye una previsión de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas -Estado, Seguridad Social, comunidades autónomas y ayuntamientos- de en tomo al 4% del PIB en 1997. Se abandona así el objetivo del 3% fijado en los acuerdos de Maastricht.

La razón es que casi nungún país de la Unión Europea se encuentra en condiciones de cumplir. ese criterio de convergencia que permitiría abordar la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria en 1997; es decir, la adopción de una moneda única. España se encuentra entre los países que más lejos están de ese objetivo.

Solbes repartió a sus colegas del Gobierno un documento con las previsiones presupuestarias de su departamento. Una vez finalizado el primer debate, que duró unas dos horas, recogió los papeles distribuidos "para evitar filtraciones", según señalan personas de su entorno.

Según fuentes de otros ministerios, la actitud de los ministros fue de resignación ante la delicada situación que planteó el titular de Economía. Vino a decir que no hay dinero para alegrías en el gasto y que cada una de las partidas ha de revisarse a fondo para intentar ahorrar lo más posible. Su tono fue, según las mismas fuentes, de un realismo, tan grave como aplastante.

La propuesta del ministro es que sólo las pensiones y las infraestructuras pueden permitirse un crecimiento parejo al que registre la economía. Se mantendría, si el Gobierno no decide finalmente otra cosa, la actualización de las pensiones en base a la inflación prevista y el compromiso de invertir el 5% del PIB en infraestructuras.

Sueldos de funcionarios

Los sueldos de los funcionarios se actualizarán, aunque sin recobrar todo el terreno perdido tras dos años de práctica congelación. En cuanto a los intereses de la deuda, se confía a que prosiga la reducción del precio del dinero lo que permitiría abaratar el coste de la financiación del déficit público.El margen que queda para reducir el gasto se limita a, por ejemplo, restringir al máximo partidas como el teléfono, las publicaciones, la luz, las fotocopias o los coches oficiales. Además del gasto corriente, se quieren congelar las transferencias a las empresas públicas a los niveles alcanzados el pasado año.

Las transferencias a las comunidades autónomas están también en el punto de mira de la contención del gasto. Según el criterio de Economía, las autonomías han incrementado su déficit más de lo previsto en julio del pasado año (desde el 1% del PIB al 1,2%, unos 100.000 millones de pesetas). Esta desviación no se justificaría por el efecto de la crisis como sí ha ocurrido, en buena parte, en la Administración Central, porque las comunidades autónomas apenas tienen gastos sociales.

Los planes de Economía son que, una vez aprobados por el Gobierno los escenarios, negociar con las autonomías un compromiso de reducción del gasto parejo al que se propone para el Estado. Economía utilizará a fondo en este sentido la capacidad de presión que le otorga su potestad de autorizar las operaciones de endudamiento de las comunidades autónomas.