El Gobierno español negó la entrada en el país a uno de los militares chilenos implicados en el 'caso Soria'

El Gobierno español negó la entrada a España a uno de los tres militares chilenos implicados en el caso de Carmelo Soria, el ciudadano español asesinado en 1976 en Santiago de Chile por agentes de la DINA, la policía secreta de la dictadura militar. Se trata, según confirmaron fuentes oficiales, del coronel Jaime Lepe Orellana, actual secretario de Estado Mayor del Ejército chileno y considerado como uno de los principales colaboradores del general Augusto Pinochet.El Gobierno chileno comunicó a principios del actual mes de marzo a la Embajada española en Santiago los nombres de los oficiales que tenían previsto participar en la ceremonia de cambio del agregado militar chileno en Madrid, a mediados de mes. La lista, que, siguiendo el procedimiento habitual, fue transmitida al Ministerio español de Asuntos Exteriores, incluía a Lepe Orellana. La firme sugerencia de Madrid de que un oficial directamente implicado en el asesinato de un ciudadano español no figurara en la delegación fue aceptada sin demasiadas dificultades, según las mismas fuentes, por el Gobierno chileno.

El nombre de Jaime Lepe, encausado en el caso, fue citado explícitamente en agosto pasado por el ex agente de la DINA Michael Townley, en cuya casa fue torturado y asesinado Carmelo Soria -entonces funcionario de las Naciones Unidas-, como uno de los tres oficiales que participaron en la operación. Lepe Orellana era entonces capitán.

Su implicación en este caso no impidió, por lo visto, su ascenso y su acceso a un puesto de confianza política del general Pinochet. En mayo del año pasado, tras una grave crisis entre el poder civil y el alto mando del Ejército, Jaime Lepe Orellana participó como representante de los militares en las negociaciones entre ambos bandos a petición del propio Pinochet.

Esta señal de firmeza del Gobierno de Madrid se produce mientras prosigue en Chile el embrollo jurídico sobre el caso, que se disputan las jurisdicciones civil y militar. El 29 de diciembre pasado, un miembro de la Corte Suprema chilena, Marcos Libedinsky, había confirmado, para sorpresa general y tras una pelea jurídica de más de dos años, la competencia de la justicia militar en el caso, y ratificado por tanto la decisión de ésta de archivar el expediente invocando la ley de amnistía. El abogado de la familia Soria, Alfonso Inzunza, ha interpuesto un recurso contra esta decisión, y la Corte Suprema tiene ahora que nombrar una sala para adoptar una decisión definitiva, probablemente en abril.