Un cable de máxima tensión

Nunca se había producido una expectación en el área de las comunicaciones como la que se registra en vísperas de la aprobación del proyecto de ley para la televisión por cable. En torno a 75 empresas nacionales y extranjeras -bancos, compañías de electrónica y medios de comunicación- toman posiciones para permanecer o acceder a un negocio estimado en varios billoneos de pesetas en los próximos años. La televisión por cable será toda de pago.La mayor parte de las empresas interesadas en el cable opina que la legislación llega tarde, con cinco años de retraso. La mayor parte son televisiones por cable que ya funcionan: todas explotan su negocio en medio de un vacío legal, aunque el Tribunal Constitucional les ha reconocido el derecho a emitir. El resto está constituido por bancos, eléctricas, Telefónica y medios de comunicación. De momento se limitan a sociedades de estudio, pero su composición augura que en este grupo residen las mayores posibilidades de quedarse con casi todo el mercado (ver detalles en estas mismas páginas).

La última previsión anunciada por el ministro José Borrell, en el Parlamento, apuntaba a la aprobación del proyecto a finales de febrero. Pero habrá que esperar por lo menos una semana más. El Consejo Asesor de Telecomunicaciones, organismo integrado por representantes de la industria, los radiodifusores, los usuarios y miembros de la Aministración, ha sido convocado para el próximo miércoles para estudiar, entre otros temas, el texto de proyecto de ley de cable.Baile de proyectos

Desde el pasado mes de diciembre han circulado en el sector al menos tres borradores del Gobierno, que propone en esencia:

-Distribuir las nuevas redes y servicios por demarcaciones municipales (o agrupaciones de municipios hasta 500 habitantes).

-Que los actuales portadores públicos de red (Telefónica, Retevisión y Correos) tengan preferencia, aunque no monopolio, para trazar las redes.

-Que las concesiones a los operadores sean por 15 años.

-Que, de forma progresiva, se puedan distribuir por la red otros servicios distintos de los de televisión.

Todos los borradores conocidos atribuyen al Gobierno la capacidad de conceder las licencias de televisión por cable.

En el Gabinete se han producido fricciones, según señalan fuentes de la Administración, respecto al papel protagonista que se quiere dar a Telefónica y también sobre el papel concreto que se va a asignar a las autonomías y a los ayuntamientos. Los ministerios de Economía y Transportes, que dirigen Pedro Solbes y José Borell -respectivamente- tampoco están de acuerdo sobre el grado de liberalización de las telecomunicaciones. Economía quiere ir más rápido.

La oposición parlamentaria, por su parte, ha jugado una baza previa defendiendo proyectos alternativos. El Partido Popular presentó hace un mes una proposición de ley en la que defendía que las licencias para el cable deben ser concedidas por los ayuntamientós. No se puede olvidar que el PP gobierna en 2.500 ayuntamientos de toda España, y concretamente en, los de. varias de las ciudades más pobladas de España. "Pretendemos ser más respetuosos con los ayuntamientos y con las autonomías; sería una aberración que Telefónica Se quedara como único operador y no creemos que todo deba estar sujeto a concesiones", ha dicho Ana Matos, portavoz del PP.En el mismo plano político, Izquierda Unida ha llevado al Parlamento una proposición de ley sobre televisiones locales "Nos negamos a aceptar que las televisiones locales tengan como vía de emisión el cable, que es un negocio y habrá siempre zonas en las que no resultará rentable" ha dicho Diego López Garrido, portavoz de IU.

Al margen de los avatares políticos, las empresas se están preparando para dar el salto al negocio. Una de las sociedades de estudios constituida por bancos y compañías eléctricas señala que, cinco años después de la entrada en vigor de la ley, podrían estar cableados 3,5 millones de hogares, de los 11,5 millones que existen en total en España.

Por su parte, Telefónica, la empresa mejor situada para entrar en la explotación de la televisión del cable -al menos como servicio portador-, no quiere entrar en "este caldo que están agitando los ínedios", según comenta un directivo de la companía. No obstante, su consejero delegado, Germán Ancoechea, ha reconocido que, aunque tendrán la infraestructura necesaria donde lo básico está al alcance del ciudadano, por ahora no entrarán en llevarlo hasta el domicilio, entre otras razones porque no están seguros de que exista demanda suficiente.

La carrera por el cable no será fácil. El principal obstáculo consistirá, según señala un directivo de la sociedad Cablevisión, en el arranque de un sistema de pago en un país que tiene mucha televisión gratuita. Otra dificultad son los costes ya que, según datos de la misma empresa, para alcanzar 10.000 abonados hay que cablear 40.000 hogares.

Las empresas que operan de forma alegal son más optimistas. "Esto es un negocio como comprar y vender patatas", dice Luis Barca, presidente de la Asociación Española de Distribuidores de Cable (Aesdica), que agrupa a 50 empresas de cable.Este sector está dormido y espero que el anuncio de la aprobación del proyecto de ley no sea un bulo de prirnavera", dice Iñaki Erguin, director de Cabledis, empresa que ha cableado la localidad guipuzcoana de Zarauz. La empresa, integrada por el BBV, Ikusi, Comecosa, Iberconta, la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de Zarauz, ha invertido 180 millones de pesetas en un cable coaxial para cubrir 8.000 viviendas. Ofrecen 21 canales de televisión y cobran 1.900 pesetas al mes y 13.500 pesetas por conexión.

"Hay tanta gente interesada que, cuando salga la ley, este país se va a cablear de forma rápida", dice Antonio Rodes, consejero delegado de Desarrollo y Sistemas de Cable, que con su proyecto TeleEIx, ha cableado 40.000 viviendas en Elche.