El Tribunal de Cataluña avala el derecho paterno a elegir el idioma de la enseñanza hasta los 7 años

"La Ley de Normalización Lingüística del catalán favorece la convivencia lingüística y, por ende, la convivencia y la paz social en una comunidad bilingüe". Éste es uno de los argumentos del Tribunal Superiorde Cataluña para defender la constitucionalidad de la ley aprobada por el Parlamento catalán en 1983 y calificar de "irrelevante" la decisión del Tribunal Supremo de instar la declaración de inconstitucionalidad de algunos artículos de esa norma.La tesis y argumentación está desarrollada en la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña que admite, en parte, la demanda de 113 padres para que sus hijos reciban la enseñanza primaria (hasta los siete años) en su lengua habitual, catalán o castellano.

La sentencia afirma que el derecho a la enseñanza en la lengua habitual hasta los siete años está reconocido en la ley del catalán -artículo 14.2- y que la Generalitat la incumplió en el caso planteado por los padres demandantes, que ya lo pidieron al inicio del presente curso. El tribunal no entra a precisar de qué forma concreta se debe garantizar ese derecho, aunque en un momento se refiere a la "atención individualizada del profesor". Los magistrados rechazan totalmente la pretensión principal de los padres: la creación de aulas separadas en función del idioma, catalán o castellano. El criterio del tribunal es idéntico al del fiscal jefe de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo.El magistrado ponente, José Manuel Bandrés, sostiene en la sentencia tesis opuestas a las argumentadas por el Supremo para remitir algunos artículos de la ley del catalán al Constitucional. Se trata de dos cuestiones esenciales: la cooficialidad del catalán y el castellano en la educación -para el Supremo sólo existe el deber de conocer el castellano- y hasta dónde llega el derecho de los padres sobre la enseñanza de sus hijos -según el Supremo, siempre debe prevalecer la elección paterna-.

Los magistrados rechazan la pretensión de los padres de que "sus hijos reciban toda la enseñanza en castellano, sin distinción de nivel, etapa, ciclo o grado de enseñanza que se les imparte". Entienden que el derecho a la educación amparado por la Constitución "no incluye el derecho de los padres a que sus hijos reciban educación en la lengua de preferencia de sus progenitores", salvando la excepción del primer ciclo porque así lo indica la ley catalana.

Lo que protege el derecho fundamental es, según la sentencia, recibir la enseñanza en un lenguaje comprensible "y que debe coincidir, en un Estado en el que conviven varias lenguas, con las lenguas reconocidas como oficiales".

Visión no petrificada

Según el Tribunal Superior, la "paridad de la lengua catalana y la castellana en la enseñanza en la comunidad de Cataluña no es irrazonable, desde una visión abierta, dinámica y no petrificada del texto constitucional". La sentencia insiste en que no hay conflicto entre el reconocimiento de la Constitución de la "realidad plurilingüística" con uno de los puntos de la ley del catalán: "El catalán, como lengua propia de Cataluña, lo es también en la enseñanza en todos los niveles educativos".

Según los jueces, el reconocimiento del derecho a la autonomía política comporta el "derecho del pueblo de Cataluña a la recuperación de sus libertades, de sus derechos culturales y sociales más íntimos, entre los que emerge la lengua propia". La sentencia afirma que el modelo de enseñanza catalán no es 9esivo para la posición del castellano". En cambio, admite que calificar el catalán de no oficial para la enseñanza sería "degradarla como lengua minoritaria, singular o como lengua extranjera, alejada de su afirmación de lengua oficial y propia".

El letrado que representa a los demandantes, Esteban Gómez Rovira, manifestó ayer que estudiaba la posibilidad de retirar su otro recurso, que dio pie a que el Supremo instara la cuestión de inconstitucionalidad de la ley del catalán. La retirada del recurso, si finalmente se produce, obedecerá a la utilización política que otros han hecho de la cuestión, según Gómez Rovira. José Ignacio Allué, de la Coordinadora de Afectados en Defensa de la Lengua Castellana (Cadeca), fue mucho más radical: "La inmersión lingüística ha terminado", informa Ignasi Soler.

El presidente del Gobierno, Felipe González, manifestó su respeto por la decisión del Tribunal de Cataluña y estimó que no planteará ningún problema delicado en las relaciones del Gobierno con CiU. En esta línea, el ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, declaró a Efe que es necesario mantener el espíritu de la Constitución en todo lo referente a la ley del catalán y que "no se deben crear problemas artificiales".

El dirigente de CiU Miquel Roca mostró su satisfacción porque el fallo reconozca "de forma contundente y muy argumentada" la constitucionalidad de la Normalización Lingüística.