Sobre la polémica del catalán
La democracia se caracteriza por la separación de poderes y la participación de todos los ciudadanos en un plano de igualdad asistidos por una proclamación formal de derechos y libertades individuales. Si esta democracia formal se considera como la fórmula menos mala conocida para garantizar la convivencia, ha de ser respetada, máxime por los partidos encargados de canalizar la participación ciudadana.No son admisibles, por tanto, declaraciones desde el Poder Ejecutivo que atenten al juego de formas, por encima de las ideas que inspiran un partido, y menos, se amenace al Poder Judicial, saltándose la máxima norma promulgada por el Poder Legislativo. El cuestionario de la aplicación de la Ley de Normalización Lingüística (LNL) es síntoma de conflicto, y una vez que éste se plantea, corresponde a la judicatura resolver su constitucionalidad; por tanto, no son de recibo declaraciones del estilo: "No hubiéramos votado la Constitución si ésta nos niega ahora la constitucionalidad de la LNL". Decir que en 10 años de aprobación de la ley no había habido problemas es falso. En todo caso, que no se hubiesen manifestado públicamente no implicaba su inexistencia, lo cual también es incierto.
El contencioso más sonado, que ahora está en las máximas instancias judiciales, ya lleva muchos años planteado; de otra parte, la inmersión de la LNL es un proceso gradual; por tanto, cuantas más fases se vayan aplicando, más deficiencias se podrán evidenciar. La desafortunada declaración del consejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña manifiesta un afán totalizador del Estado, que tiene la magnitud de un golpe al Poder Judicial cuando dice que el Gobierno de la Generalitat no detendrá la reforma de la ley. Es una objeción que no se le permite a los padres que litigan. Un partido, a pesar de su legitimidad (no, en ocasiones, su representatividad), no tiene competencia para atentar contra el Estado. Flaco favor se hace a la democracia, aun desde las Cortes legislativas, con el permanente cuestionamiento de la Constitución.
Es hora de que estos políticos que tales invocaciones hacen sepan que su poder es únicamente por una legislatura, y se disputan para legislar dentro del marco constitucional existente, ajustándose a lo concretado en sus programas. Para establecer cambios esenciales en nuestra Carta Magna es necesario convocar Cortes Constituyentes, o al menos que todo el cuerpo electoral tenga conciencia y conocimiento claro y expreso de lo que ciertos cuadros pretenden se refrende con el sufragio.
Poco sentido de la realidad manifiesta el que se dedica al arte de lo posible, esgrimiendo futuribles. Cuando se afirma "no hubiéramos votado...", ¿habla en plural de modestia o en nombre de su partido y coalición? Poco reflejo tiene la oposición al no demandar tal aclaración, que interesa al pueblo soberano que les disputa, para saber "con quién nos gastamos los duros". No olvide/n que el cambio político fue la opción de la mayoría de todos los españoles.
El franquismo sin Franco no se pudo mantener, pero la ruptura preconizada por la oposición tampoco tuvo fuerza para imponerse. La Constitución que cuestionan fue fruto del consenso y de la re forma desde la legalidad amparada por el Rey. La reforma política fue respaldada por el 75% del censo ciudadano y evidenció el fracaso de la oposición rupturista que pidió la abstención. Por tanto, nadie se arrogue en exclusiva el seny del consenso que nos ha diferenciado de las transiciones operada! en los países del Este.-
