El Gobierno logra que el Partido Popular apoye la reforma laboral
La reforma de la contratación laboral fue aprobada ayer por el Parlamento con una amplia mayoría: más del 90%. El Gobierno logró el apoyo del Partido Popular -junto al de los nacionalistas vascos, catalanes y aragoneses- tras aceptar su propuesta de tramitar la norma como proyecto de ley. No obstante, para no abrir incertidumbres, y para que los empresarios empiecen a utilizar de inmediato los nuevos contratos de aprendizaje, el grupo socialista advirtió ayer que no admitirá enmiendas que los modifiquen en aspectos sustanciales.
El real decreto-ley que modifica la contratación laboral, uno de los detonantes de la huelga general convocada por los sindicatos para enero, fue ayer convalidado en el Parlamento con 317 votos afirmativos -del PSOE, PP, CiU, PNV y Partido Aragonés (Par)- 22 negativos -de IU, ERC y Coalición Canaria- y dos abstenciones -de EA y Unión Valenciana- A propuesta de varios grupos, la norma se tramitará ahora como proyecto de ley y se unirá al anteproyecto que aprueba hoy el Consejo de Ministros, que reforma el Estatuto de los Trabajadores en los capítulos referidos a los despidos y a la negociación colectiva.La futura tramitación parlamentaria no impedirá la inmediata entrada en vigor de los nuevos contratos de aprendizaje creados por esa norma. El único fleco pendiente, su desarrollo reglamentario, ve hoy la luz verde en el Consejo de Ministros y de inmediato se publicará en el Boletín Oficial del Estado. El ministro de Trabajo, José Antonio Griñán, aseguraba ayer que entre los empresarios existe una gran expectativa y han solicitado en el Inem información sobre esas nuevas relaciones laborales. Su previsión es que "se van a utilizar bastante", aunque no se arriesga a dar ninguna cifra sobre los contratos de aprendizaje que se pueden realizar.
Los nuevos contratos de aprendizaje constituyen el punto central de esa norma. Con ellos se pretende favorecer la contratación de jóvenes afectados por el fracaso escolar con una edad tope de 25 años. Los salarios serán los fijados en convenio colectivo y, en su defecto, tendrán una retribución del 70%, 80% y 90% del salario mínimo durante los tres años sucesivos que puede mantenerse esa relación laboral. Los aprendices no tendrán cobertura por desempleo ni por incapacidad laboral transitoria. La norma modifica también los contratos en prácticas y reduce su vigencia máxima desde tres a dos años.Defensa nacionalista
El ministro de Trabajo aseguró que el conjunto de la reforma laboral proyectada por el Gobierno "va a facilitar la creación de empleo. Va a remover todos los obstáculos, fundamentalmente para favorecer a los jóvenes parados".
Pero la defensa más firme oída ayer en el Congreso de los Diputados la hizo el portavoz de los nacionalistas catalanes. Miquel Roca aseguró que "en el tema del paro no se pueden tener posiciones ambiguas" y que esa es la única política de progreso que se puede hacer porque "no hay modelo alternativo ni en Europa ni en el mundo civilizado". A los empresarios les lanzó esta recomendación: "Tienen ya el marco necesario para la creación de empleo. No esperen un marco mejor y empiecen a contratar a partir de enero". A los sindicatos les dijo que "ésta es la reforma que se puede hacer" y predijo que "al día siguiente a la huelga general, nada habrá cambiado".
El debate más crispado lo mantuvieron el ministro de Trabajo y Ricardo Peralta, representante de Izquierda Unida, quien aseguró que se trata de "una reforma laboral desequilibrada, que aumenta la precariedad y se aleja del modelo europeo". Griñán rebatió el último argumento asegurando que "no es verdad".
La diputada del PP Celia Villalobos dijo que su grupo no puede obstaculizar la reforma laboral, aunque está convencido de que "llega tarde". El principal partido de oposición acusó al Gobierno de no haber facilitado el acuerdo con los interlocutores sociales y de no haber mantenido "voluntad negociadora".
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