Distribuidores y exhibidores exigen que la ley del cine corrija los excesos del decreto

Distribuidores y exhibidores exigieron ayer que la ley del cine corrija los excesos del decreto de medidas urgentes durante su tramitación como proyecto de ley en las Cortes. Estos colectivos que calificaron de éxito el cierre de los cines el pasado lunes, se mostraron a favor de un cine español competitivo y en contra de las salas vacías". Aunque intentaron aparentar que la herida abierta entre ellos y los productores, defensores del decreto, es posible cerrarla, el tono empleado contra dicho sector fue brutal, con graves insultos y descalificaciones.

Los representantes de los distribuidores, tanto independientes como de las multinacionales norteamericanas, y los exhibidores se quejaron de que en el enfrentamiento con el Ministerio de Cultura y los productores se les haya presentado como los "malos" de la película y se mostraron optimistas frente al futuro, "porque ellos tienen el poder político, pero nosotros tenemos la fuerza de la razón". "Para defender el cine español, lo primero que se debe plantear es qué cine se quiere hacer y qué mecanismos hay que emplear", señaló Enrique González-Macho, distribuidor independiente y exhibidor. "Nunca se ha cuestionado la calidad del cine español que se hace, que ni es competitivo ni artístico", dijo González-Macho, quien criticó en términos muy duros el porqué de las subvenciones estatales a determinadas producciones españolas cuando se sabe de antemano su fracaso."¿Por qué se silencia su impunidad?", se preguntó González Macho refiriéndose a los productores que apoyan el decreto de medidas urgentes para la cinematografía y que, en su opinión, institucionalizan los privilegios de un pequeño grupo que tiene la ventaja de conocer los mecanismos para poder hacer cine, independientemente de su calidad".

Este colectivo se mostró a favor de mantener las cuotas de pantalla como manera de defender el cine español -el decreto estipula un día como mínimo de obra cinematográfica comunitaria por cada dos de películas norteamericanas en poblaciones superiores a 125.000 habitantes y uno por cada tres cuando la población sea inferior a 125.000 habitantes-, aunque teniendo en cuenta la producción.

En este sentido, José del Villar, presidente de la, Federación de Entidades de Empresarios de Cine de España, recordó que en 1980 las películas autorizadas procedentes de países de la Unión Europea fueron 3181 incluyendo España, mientras que la producción el año pasado descendió a 118. "Las cuotas de pantalla tienen que gozar de flexibilidad. No se pueden mantener las mismas cuotas de pantalla con estos datos tan dispares", afirmó Villar.

Los intentos por cerrar la herida abierta entre los dos sectores enfrentados por el decreto -exhibidores, distribuidores y televisiones por un lado y productores por otro- fueron inútiles, teniendo en cuenta el nivel de descalificaciones. Exhibidores y distribuidores no escatimaron insultos hacia los productores y los responsables del Ministerio de Cultura, a los que responsabilizaron de la guerra abierta en el cine.