La justicia chilena sienta a los torturadores en el banquillo

La temible Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), el aparato represivo que torturó y asesinó a cientos de personas durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet, está en el banquillo de los acusados en Chile. Los procesos por dos crímenes cometidos por la Dina en 1976 llegaron esta semana a sus etapas decisivas, con diferentes resultados, aunque unidos por los nombres de algunas de las víctimas y la brutalidad de los hechos.Después de 17 años, los asesinatos del español Carmelo Soria y del ex ministro socialista Orlando Letelier ponen a prueba la capacidad de la democracia chilena para impartir justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos.

En el crimen de Soria, ex funcionario internacional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y ex militante del Partido Comunista de España (PCE), la lucha es contra la impunidad. El abogado querellante, Alfonso Insunza, presentó el viernes un recurso de apelación contra el fallo de una sala del Tribunal Supremo que, por cuatro votos contra dos, traspasó el caso desde la justicia civil a la militar, mientras el Gobierno español pidió al de Chile designar un juez del tribunal superior para proseguir la investigación, porque el caso afecta a las relaciones bilaterales entre los dos países.

En el crimen de Letelier un magistrado del Tribunal Supremo, designado porque el caso afecta a las relaciones entre Chile y Estados Unidos, condenó al jefe máximo de la Dina, el general retirado Manuel Contreras, y al jefe de operaciones, el brigadier Pedro Espinosa, a siete y seis anos de prisión, respectivamente. Los abogados querellantes apelaron el fallo ante el máximo tribunal, pidiendo cadena perpetua, mientras Contreras y Espinosa recurrirán alegando inocencia.

Cuatro nombres se repiten en los dos procesos: Contreras, Espinosa, Michael Townley, un estadounidense que fue agente de la Dina, y Virgilio Paz, un cubano anticastrista condenado por el crimen de Letelier. Townley, cuyas declaraciones han sido claves en ambos casos, prestó su domicilio, que servía de sede a la brigada Mulchén de la Dina, a los agentes que mataron a Soria.

"¡Pobre Chile!"

Después de ser secuestrado en la calle por un grupo de seis agentes, dos de ellos vestidos de policías de tránsito, Soria fue interrogado en la casa de Townley. "¡Pobre Chile!", repitió una y otra vez a sus captores mientras era interrogado, según relató uno de ellos a la justicia.Townley declaró que Espinosa ordenó eliminar a Soria. Tras varios intentos de matarlo, le rompieron el cuello con el peldaño de una escalera. El cubano Paz presenció los hechos. El proceso sostiene que Soria fue destorturado. Después de arrojar el cuerpo del español dentro de un coche a un canal de regadío, para simular un accidente, los agentes celebraron el asesinato bebiendo whisky. Contreras los llamó por teléfono para felicitarlos, según declaraciones de un testigo.

El traspaso del caso a un tribunal militar, porque el crimen fue cometido en un acto de servicio, implica su cierre de acuerdo a la experiencia en otros procesos. "Matar a alguien no es un acto de servicio", replica, sin embargo, el abogado Insulza.

De los militares en servicio que han declarado en el proceso como inculpados, dos son cercanos colaboradores del general Pinochet. Los detalles de este proceso son más conocidos en España que en Chile. La justicia militar envió esta semana una nota a todos los diarios reiterando que rige la prohibición de informar del proceso.

Ante la petición española de designar un magistrado del Tribunal Supremo, el ministro portavoz del Gobierno, Enrique Correa, aseguró que dará "todas las facilidades procesales y va a contribuir en todo lo que esté de su parte para esclarecer este crimen".

La Dina, un organismo cuyo jefe sólo daba cuentas a Pinochet y que tenía por símbolo un puño cerrado, quedó al desnudo con el fallo del juez Adolfo Bañados, que condenó a Contreras y Espinosa como coautores del crimen de Letelier. Bañados es un magistrado que goza de prestigio en Chile. En la dictadura, investigó el asesinato y el ocultamiento de cuerpos de campesinos en Lonquén, que inspira parte del relato de la novela De amor y de sombra, de Isabel Allende. Su fallo del caso Letelier estableció en 410 páginas que el crimen "es la culminación de un plan reflexivamente elaborado".

La sentencia detalla cómo la Dina envió a Townley a poner la bomba que mató a Letelier y a su colaboradora, Ronni Moffitt, mientras iban en coche en el centro de Washington. El dictamen se refiere también a otros actos terroristas de la Dina: el asesinato en Buenos Aires, también con una' bomba en el vehículo, del ex jefe del Ejército chileno Carlos Prats y su esposa, y el atentado en Roma contra el ex vicepresidente chileno Bernardo Leighton y su esposa.

Descarta la tesis esgrimida por los condenados, según la cual la Agencia Central de Inteligencia (CIA) cometió el asesinato de Letelier, y en el caso de Espinosa estima que le está vedado acogerse a la obediencia debida, pues una orden que tiende a perpetrar un delito no debe ser ejecutada. Señala que los procesados, especialmente Contreras, incurrieron repetidamente en "inexactitudes, contradicciones y falsas excusas", y determina las condenas sobre la base de cinco presunciones.

En declaraciones a un canal de televisión, desde EE UU Townley desafió a Contreras a un debate. Afirmó esperar que su confesión estimule a otros ex agentes. "Esto es como una infección, hasta que no se abra y se dejen salir los venenos, no se va a sanar nunca", señaló el estadounidense.