La Generalitat quiere fijar cuotas de pantalla para obligar a los cines a exhibir filmes en catalán

Las salas cinematográficas de Cataluña tendrán la obligación de programar un número mínimo de películas habladas o subtituladas en catalán si prospera el anteproyecto de ley elaborado por la Generalitat para actualizar la Ley de Normalización Lingüística de 1983. La Generalitat considera que puede fijar una cuota de hasta el 50% en la exhibición de cine en lengua catalana, pero serán los reglamentos derivados de la ley los que determinarán el porcentaje concreto.

El incumplimiento de las cuotas de pantalla que se fijen se considerarán infracciones administrativas, y por tanto sancionables (entre 250.000 y 10 millones de pesetas, según su gravedad).El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ha decidido que este anteproyecto no se presente al Parlamento hasta haberlo discutido y negociado con las demás fuerzas políticas, con la voluntad de llegar al máximo consenso. En esta negociación se da especial protagonismo al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). No se trata de una nueva ley, sino de una modificación de la aprobada en 1983.

La modificación de la ley de 1983 tiene como principal objetivo extender y garantizar el uso social del catalán, una vez que se ha logrado elevar el nivel de conocimiento de la lengua y se ha garantizado su enseñanza en la escuela gracias a la legislación que ahora se quiere actualizar.

Administración de justicia

Una de las asignaturas pendientes de la ley de 1983 era el pleno uso del catalán en las relaciones con la Administración periférica del Estado y con la de justicia. La ley vigente garantiza el derecho del ciudadano a dirigirse en catalán a esas administraciones, pero no a que se le atienda en esa misma lengua. "Nos encontramos con una situación que puede calificarse de colonial: el ciudadano se dirige en catalán, pero es contestado en castellano", apunta Miquel Reniu, director general de Política Lingüística.

Una disposición adicional de aquella ley señalaba que la normalización del uso del catalán en los ámbitos que no dependen de la Generalitat se llevaría a cabo de común acuerdo. Un acuerdo que apenas ha prosperado. El anteproyecto introduce aquí cambios sustanciales.

Las modificaciones a la ley recogerán el derecho del ciudadano a ser atendido en catalán. Dicho de otra forma, el deber de todas las administraciones que actúen en Cataluña de contestar de forma oral o por escrito en catalán a quien se dirija a ellas en esa lengua. Ahora bien, la ley catalana fijará aquel derecho, pero no podrá regular cómo cumplirlo porque escapa a la competencia de la Generalitat.

"Lo que podemos hacer es marcar nuestro objetivo lingüístico e instar a las administraciones competentes a que establezcan las medidas pertinentes para cumplirlo", indica el consejero de Cultura de la Generalitat, Joan Guitart. Es decir, que el poder judicial o el Gobierno central deberán tomar disposiciones legales o normativas para acatar la ley catalana.

Los nuevos artículos dedicados a la escuela ponen el acento en que el catalán será, "normalmente", la lengua de expresión y de enseñanza en Cataluña. También extiende la práctica de la inmersión al catalán de los niños castellanohablantes. Si antes los padres podían decidir la lengua de la primera enseñanza de sus hijos, en la nueva redacción ese derecho se restringe. Ahora, los derechos lingüísticos de los castellanohablantes se concretan en que los niños que tengan dificultades de comprensión del catalán tendrán derecho a ser atendidos de forma personalizada hasta alcanzar el dominio suficiente de esta lengua. Se legalizan así las disposiciones que se aplican desde este curso académico, que provocaron la protesta de algunas familias. El objetivo legal seguirá siendo que los niños, al acabar la enseñanza obligatoria, puedan utilizar normal y correctamente el catalán y el castellano.

La ley de 1983 establece que profesores y alumnos de centros de enseñanza superior tienen derecho a expresarse, de palabra o por escrito, en la lengua oficial que prefieran. Con, la actualización de la ley se introduce que el profesor universitario debe conocer suficientemente las dos lenguas oficiales, de acuerdo con las exigencias de su tarea docente. Estarán exentos de ese deber los profesores visitantes.

En relación con los medios de comunicación, la ley modificada establecerá que las concesiones de radiodifusión o televisión que dependan de la Generalitat estarán condicionadas a la utilización de la lengua catalana en un determinado porcentaje. El incumplimiento será sancionable como en el caso del cine.

También está previsto modificar la Ley Municipal de Cataluña, aprobada en 1987, porque el Tribunal Constitucional ha admitido que la exigencia del conocimiento del catalán para los funcionarios de las administraciones dependientes de la Generalitat es legal.

Garantizar la convivencia

"Nos movemos bajo un principio fundamental: que las lenguas no se imponen, sino que se ganan", declara a este diario Joan Guitart. "Nosotros [Convergència i Unió] no podremos nunca, ni queremos, imponer que una persona hable una determinada lengua, y menos en un país en el que hay dos idiomas oficiales", agrega. Lo que sí quieren hacer es que "se reconozca el derecho de los catalanohablantes a utilizar su lengua en todos los aspectos de su vida".

Guitart niega que la ley reformada vaya a ser coactiva. "Nosotros queremos que, por encima de todo, haya convivencia en Cataluña", señala el consejero de Cultura. "Y eso, en el tema lingüístico, es fundamental" agrega. "Los límites que nosotros mismos nos autoimponemos son todos aquellos que pueden incidir [negativamente] en la convivencia. Y hemos de tener en cuenta la gradualidad: se ha producido un progreso en el conocimiento y uso de la lengua catalana, y nos hemos de dotar de los instrumentos legales que se adecuen a esos avances y los faciliten, pero no debemos dejarnos llevar por inquietudes o actitudes que, de alguna forma, hieran a la sociedad catalana. Los ritmos generacionales son los que, son, y los cambios de lengua son lentos", añade Guitart.

El consejero quiere dejar claro que el anteproyecto de ley ya ha sido discutido internamente por los órganos de gobierno de la Generalitat y que está en condiciones de entrar en el Parlament antes de que termine noviembre, como era su compromiso, pero que ese plazo se sacrificará para alcanzar el máximo consenso.

El anteproyecto de ley al que ha tenido acceso este diario por medios distintos al consejero de Cultura es guardado celosamente por las autoridades autonómicas. ¿Qué ocurrirá si ese consenso no se alcanza con todos los partidos? "Entonces ya valoraremos la situación", contesta el consejero, que piensa sobre todo en el Partido Popular. "Ahora veremos cuál es su sensibilización [del PP] en esta materia".