Productos no vendidos en España

El Ministerio de Sanidad español, como los del resto de la Comunidad Europea, ha recibido de las autoridades sanitarias alemanas una relación ,completa, elaborada por la policía alemana, de todos los centros y laboratorios implicados en el escándalo de la sangre contaminada.Según esta lista, la sangre de la principal empresa responsable de la distribución de productos contaminados, UB Plasma, ha sido distribuida en hospitales locales alemanes y en un laboratorio "ninguno de cuyos productos está autorizado en España", aseguraron fuentes de Sanidad. Las mismas fuentes indicaron que no es conocida en nuestro país la otra empresa implicada, Biotest, que ha vendido sus productos sanguíneos en Grecia y Arabia Saudí. Suiza y Austria han sido también destino de partidas de productos contaminados, según datos preliminares- de la investigación.

Los contagios de sida a través de hemoderivados o transfusiones han sido un drama dificil de evitar en todos los países del mundo hasta que en 1985 se dispuso de los reactivos necesarios para determinar la presencia del virus en la sangre.

Indemnizaciones

El Reino Unido, primer país europeo en crear un fondo de indemnización, registraba el ano pasado 1.200 hemofílicos afectados; Portugal, 300, todos ellos a causa de productos de una empresa austriaca; Dinamarca, un millar de casos; España, 224 enfermos de sida por transfusiones y 485 hemofílicos, según las últimas estadísticas oficiales, aunque se estima que asciende a 1. 147 el número total de infectados por hemoderivados.

El caso alemán tiene, sin embargo, unas características propias sólo comparables por el momento al surgido en Francia en 199 1, ya que en ambos países se ha distribuido sangre a sabiendas del riesgo de que transportara el virus del sida.

En Francia fue responsable el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea (CNTS), dejando tras de sí una estela de 1.500 hemofílicos infectados. El escándalo, que llegó a implicar al ex primer ministro socialista Laurent Fabius, supuso el encarcelamiento del director del centro Michel Garreta.

Como en otros países de la CE, España ha tenido que ceder a las presiones de los afectados (hemofílicos y receptores de transfusiones) habilitando subvenciones. El argumento nunca ha sido el reconocimiento de una posible negligencia médica o administrativa, sino la necesidad de "reparar un daño" a aquellas personas que han contraído el VIH a consecuencia de tratamientos en el sistema sanitario público. Las ayudas se aprobaron por un real decreto el 28 de mayo de 1993.