Baltasar Garzón defiende en la ONU la entrega de droga gratuita a los toxicómanos

El delegado del Gobierno español. para el Plan Nacional sobre Drogas, Baltasar Garzón, sostuvo ayer desde la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Un¡das que cualquier plan de lucha contra el narcotráfico debe tener en cuanta todas las posibilidades, incluida la entrega gratuita de droga a los toxicómanos, y debe ejecutarse en estricto cumplimiento de las levesde un Estado de derecho. Garzón defendió la necesidad de abrir un debate intemacional de mayor profundidad sobre ese fenómeno y pidió una mayor involucración de las estructuras de la ONU en esa batalla.

Baltasar Garzón vino a Nueva York con la intención de animar un poco la adormecida discusión sobre el narcotráfico. En una intervención que forma parte de unas jornadas de reevalución de la política internacional respecto a ese problema, preconizó la apertura de "un debate general'."Debemos renunciar a soluciones locales que partan del error de pensar que la droga la generan otros y que nosotros la sufrimos", dijo.

"A este debate", añadió, "hemos de acudir sin posturas apriorísticas y sin dogmas inamovibles". Esto incluye, según explicó posteriormente en una conferencia de prensa, el estudio sobre el suministro gratuito de narcóticos a los drogodependientes como una alternativa más. Lo que no significa, según dijo, que él sea partidario automáticamente de esa solución.

Garzón afirmó que esa discusión debe afrontarse desde la base de que "el toxicómano es, más que un delincuente, un enfermo, y como tal hay que tratarlo, sancionando en su caso, administrativamente, no penalmente, el consumo, y ofreciendo el tratamiento rehabilitador correspondiente".

Arrepentidos

La discusión propuesta por el juez Garzón incluye la elaboración de una cultura antidrogas, así como medidas para la represión del tráfico.

En este campo, mencionó que es necesario aunar criterios respecto "al recurso a colaboradores, arrepentidos, agentes infiltrados, la protección de testigos, el mecanismo de las entregas vigiladas y la cooperación policial y judicial internacionales".

Baltasar Garzón dijo en la conferencia de prensa que España, y otros países que carecen de esa legislación o la tienen de forma muy incipiente, tiene que "crear una normativa" sobre el uso de esos recursos para evitar que la lucha contra el tráfico de drogas degeneren una guerra sucia.

"Ningún Gobierno, dijo en la tribuna de la ONU, "debe ampararse en un fenómeno criminal, por complejo que sea, para quebrantar ni las reglas de la democracia ni los derechos humanos de las personas. No hay más razón de Estado que la razón democrática de sus ciudadanos".

Desde esa perspectiva, Baltasar Garzón, que fue el juez instructor en la Operación Mago, dijo que "instituciones y personas que traspasen el límite de la legalidad deben ser sancionadas adecuadamente". "En la lucha contra las drogas", añadió, "es necesario hacer uso de todos los efectivos del Estado, pero siempre dentro de la legalidad. El que cruce esa frontera debe ser castigado".

Garzón afirmó en su discurso que "Naciones Unidas es el foro más adecuado para plantear un tema que afecta a tantos países y que debe ser abordado desde la perspectiva de la incidencia general".

En su conversación con los periodistas, Garzón añadió que la ONU tiene que tratar de sobreponerse a los problemas políticos y financieros por los que atraviesa en la actualidad para involucrarse firmemente en la batalla contra las drogas.

Cooperación

"Si las Naciones Unidas", advirtió, "se desentiende de este problema, sería un paso atrás decisivo en esta lucha y dejaría un espacio muy difícil de llenar".

El debate de estos dos días en Nueva York, en el que intervienen tanto los países productores como los consumidores y los que sirven de tránsito, intenta analizar los logros del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) puesto en marcha en 1991 con vistas al fortalecimiento de la cooperación internacional en este asunto.

[En el mismo foro, la sesión de la Asamblea general de la ONU dedicada a la lucha contra la droga, la ministra francesa de Asuntos Sociales y Sanidad, Simone Veil, propuso reforzar el control y la aplicación del Convenio de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, mediante la creación de un organismo internacional que persiga las infracciones y aplique sanciones. Ochenta países han ratificado ese convenio, informa