El Gobierno y sus críticos

SI NO sale, porque se esconde, y si sale, porque abusa de la televisión pública: el sectarismo de algunos de los críticos de Felipe González en nada desmerece del que a él le reprochan. Algunos de esos reproches están justificados: el uso sectario de su mayoría por parte de los socialistas se ha manifestado en estos años en su tendencia a instrumentalizar instituciones como el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía General, así como la televisión pública, y en la arrogancia con que han venido desautorizando a quienes cuestionaban que la desplegada por el Gobierno fuera "la única política económica posible". Pero en estos últimos meses, especial mente tras las elecciones del 64, a algunos críticos se les ha ido la mano en la dosis y sus descalificaciones sin matices resultan bastante inverosímiles. Sobre todo, no se entiende que pueda criticarse a la vez un mal y lo que viene a remediarlo.Sus principales argumentos han sido que el Gobierno estaba paralizado, con su presidente desaparecido, y que éste, con tal de conservar el poder, había cedido a exigencias inaceptables de los nacionalistas, traicionando su compromiso electoral, por una parte, y comprometiendo, por otra, las posibilidades de recuperación económica. El rechazo en bloque del proyecto de Presupuestos por parte de Aznar ha sido presentado como la consecuencia lógica de esos reproches y de la falta de receptividad de González a sus propios requerimientos.

El Gobierno ha tardado en reaccionar, pero no es coherente repudiar sus propuestas como inaceptables y decir a la vez que carece de propuestas: las incluidas en los Presupuestos y las de acompañamiento sobre incentivos fiscales y reformas del mercado de trabajo conforman un proyecto bastante definido (con un sistema de prioridades diferente del seguido anteriormente) e incorporan elementos procedentes de los programas de otros partidos. Las medidas aprobadas el viernes por el Consejo de Ministros bajo el epígrafe de Impulso democrático podrán considerarse tardías o insuficientes (o increíbles, a la luz de la experiencia reciente: Aragón), pero no puede negarse que dan ocasión para plantear un debate que vaya más allá del intercambio de adjetivos e informes.

Aznar ha ofrecido a González su colaboración para sacar adelante unos Presupuestos y unas medidas que resulten eficaces contra la crisis. Esa oferta no es congruente con la presentación de una enmienda a la totalidad, pero no lo es, sobre todo, con la descalificación como "cómplices" de quienes ya han compro metido su apoyo. Tal descalificación resulta especial mente incomprensible cuando las medidas introducidas por efecto del pacto con los nacionalistas catalanes van en la dirección de las planteadas por el propio Aznar como condiciones para el acuerdo: ventajas tributarias para favorecer la inversión empresarial, reforma del mercado de trabajo, fomento de la peque ña y mediana empresa, prioridad a la economía pro ductiva, etcétera. Puede ser discutible que ello se acompañe de la cesión del 15% del IRPF, pero "una fórmula de participación en el IRPF", completada con un "fondo nivelador", figuraba en el programa electoral del PP como "pieza clave del nuevo sistema de financiación" de las autonomías.

En la campaña, ni el PSOE ni el PP plantearon abiertamente las medidas impopulares que se deducían del diagnóstico de la situación económica, siendo CiU la que presentó un programa más realista. Dado el equilibrio de fuerzas revelado por las encuestas y el explícito rechazo por González de la hipótesis de un pacto con Anguita, las elecciones se plantearon en la práctica como una pugna por ver cuál de los dos contendientes principales, el PP o el PSOE, pactaría con los nacionalistas para conformar una mayoría de gobierno. Es bien paradójico que algunos de los que entonces trataron de descalificar al PSOE bajo la acusación de estar dispuesto a "pactar con los comunistas" le reprochen ahora no hacerlo. Por lo demás, los ocho millones largos de votos cosechados por los conservadores obligaban al PSOE a buscar a su derecha, y no a su izquierda, los apoyos necesarios para completar una mayoría que recogiera el cambio de signo del electorado y fuera capaz de encarar la crisis con eficacia.

La idea de que el Gobierno está dispuesto a hundir la economía española con tal de perpetuarse en el poder -reiterada con similar ahínco antes y después de las elecciones- es absurda: da por supuesto que perpetuar la crisis -con sus secuelas de paro y pobreza- favorece las expectativas electorales del partido que en ese momento gobierne. Incluso admitiendo la teoría del voto subsidiado, ¿puede alguien en sus cabales sostener que los votos así ganados puedan compensar los perdidos por efecto de la mala situación económica?