El PNV justifica su abstención por responsabilidad política y social

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) fue el único grupo parlamentario que se abstuvo en la votación de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para 1994. Su portavoz, Iñaki Anasagasti, prefirió no subir a la tribuna. Fue Jon Zabalia el encargado de justificar el cambio de orientación de los peneuvistas, que por primera vez no pidieron la devolución del proyecto al Gobierno, aunque tampoco quisieron darle un voto afirmativo.

Jon Zabalia advirtió que si los Presupuestos no se modifican durante el debate parlamentario su partido no los votará afirmativamente. "Son claramente mejorables", argumentó el diputado, "y esperamos que se mejoren en el debate con la incorporación de enmiendas. Si quedan como están, el Partido Nacionalista Vasco no los apoyará".

El representante del PNV admitió que su partido coincide en gran medida con la orientación del proyecto de Presupuestos del Gobierno, por lo que no puede presentar una enmienda a la totalidad.

Diagnóstico coincidente

Tampoco podía hacerlo, agregó Zabalia, por coherencia política, puesto que su diagnóstico sobre la situación es coincidente con el del Ejecutivo. Ha habido asimismo, según el diputado nacionalista, un cambio de actitud del Gobierno central respecto a las competencias pendientes de transferir a las comunidades autónomas y, además, el PNV no se opone frontalmente "por responsabilidad social". "Cuando se piden sacrificios a todos, el rechazo frontal no sería consecuente", señaló.

Todavía le quedaba al diputado vasco un argumento más: puro pragmatismo. "Si no salen adelante los Presupuestos", explicó, "o bien se prorrogan los actuales, que son mucho peores, o bien se va a unas elecciones anticipadas, y ese no es nuestro juego".

Jon Zabalia centró sus críticas en la reforma del sistema de protección social, que por su propia naturaleza no puede reformarse en perjuicio de los derechos de sus beneficiarios de ese sistema. Por este motivo, el diputado nacionalista vasco consideró que una reducción de derechos a los desempleados puede llegar a ser considerada inconstitucional.