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Entrevista:

"Con el 15% sólo se busca poner un parche"

La entrevista con el vicesecretario general del PP, Mariano Rajoy (Santiago de Compostela, 1955), se realizó anteayer en su despacho oficial de la calle de Génova, en Madrid.Pregunta. Desde las elecciones, el PP lanza fuertes críticas al Gobierno y ofertas de diálogo. ¿Cómo se concilian?

Respuesta. El equipo de González no gobierna, sobre todo en el área económica. Se dedica al contacto, la declaración y mucho coloquio, pero no adopta ninguna medida para sacar a España de la crisis. Hay en el PSOE división interna, y en el Ejecutivo, una sensación de debilidad muy peligrosa, porque no genera confianza, igual que no la genera el incumplimiento de las promesas electorales. El PP va a hacer oposición dura cuando sea necesario. Lo exigen los ciudadanos. Ahora, también podemos llegar a acuerdos como en la anterior legislatura. El PSOE debe rectificar y aceptar que hay temas en los que debe contar con el PP, que representa a más de ocho millones de ciudadanos.

P. Desde Cataluña se critica un giro oportunista en su actitud hacia la cesión del 15%. Antes de las elecciones la apoyaban y ahora la utilizan para descalificar al Gobierno.

R. Nuestra posición ha sido muy clara. El PSOE ha retrasado los problemas de financiación autonómica, pendientes desde enero de 1992, porque tenía mayoría absoluta. Nosotros hemos defendido siempre la corresponsabilidad fiscal, pero con un acuerdo unánime o muy mayoritario. También aceptamos la cesión del 15%, aunque tiene poco que ver con la corresponsabilidad fiscal, si se hace con mecanismos correctores y se vincula a la nivelación de servicios básicos entre comunidades autónomas. Pasadas las elecciones, el PSOE pretende resolver en 15 días lo que no hizo en más de año y medio y, acuciado por la necesidad de aprobar los presupuestos, se dedica a fabricar fórmulas y más fórmulas, con cambios constantes de criterios. El PP, a esto no se apunta. Sí a un diálogo serio, no a una fórmula matemática que, por lo visto, ahora es sólo para dos años. No se pretende solucionar la financiación autonómica, sino contentar a un partido. Estamos en un compadreo que sólo pretende salir del paso.

P. ¿Y esto no les sirve para torpedear la búsqueda de apoyos por el Gobierno?

R. En absoluto. Si CiU quiere apoyar al PSOE como en el debate de investidura, es su problema y responderá ante sus electores. Pero a nosotros nadie nos puede pedir que apoyemos algo que todo el mundo sabe que se hace a toda velocidad porque es un requisito para aprobar los presupuestos.

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P. ¿Cuáles son sus objeciones a la última fórmula?

R. No estamos ante un modelo de financiación definitivo. Lo único que se busca es un parche para quedar todos bien y aprobar los presupuestos. Pedirle al PP que lo apruebe no es serio. No se sabe en qué queda la neutralidad, ni cuánto ingresarán de más algunas comunidades, ni en cuánto se incrementa el gasto público. Estamos dispuestos a hablar con el Gobierno, pero en serio, no para resolver los problemas particulares del PSOE.

P. ¿No resulta paradójico que ahora hablen de solidaridad interterritorial cuando esa ha sido una bandera del PSOE?

R. Lo paradójico es que en vísperas de las elecciones, uno de los grandes argumentos del PSOE fuera que ellos eran el único partido capaz de vertebrar España. Ahora, el único partido que trata de hacer un planteamiento para el conjunto de España, como lo hicimos en el pacto autonómico, es el PP. El PSOE ha provocado con esta polémica del 15% una enorme disparidad y una enorme tensión entre comunidades autónomas, con acusaciones y querellas criminales como no se recuerdan en los últimos años.

P. ¿Qué van a votar las comunidades dirigidas por el PP?

R. Nosotros éramos partidarios de una negociación Gobierno-comunidades autónomas, y al mismo tiempo, entre partidos. Hay en juego aspectos técnicos, económicos e ideológicos, y deben ser las grandes fuerzas nacionales las que hagan un planteamiento que satisfaga al conjunto de los ciudadanos. Previsiblemente adoptaremos una posición de abstención, que no significa negar la corresponsabilidad fiscal, ni siquiera la cesión del 15%, sino sencillamente no entrar en este juego. Las comunidades defienden sus intereses como creen que es mejor, lógicamente. Creo que seguirán una posición similar a la del partido.

P. Si ustedes estuvieran en el Gobierno, ¿cómo sería la corresponsabilidad fiscal?

R. La mejor fórmula es la de los tributos cedidos, sin descartar la atribución a las comunidades de la capacidad normativa. Son los impuestos de transmisiones, sucesiones, actos jurídicos documentados y juego. Se podría añadir la tasa de matriculación de vehículos. Esto representaría recursos importantes. En cambio, el impuesto de la renta es el instrumento de la solidaridad por excelencia. Si se quiere utilizar de todos modos, sería mejor fijar un tope para la recaudación estatal y permitir a las comunidades un recargo limitado para acciones concretas. La gente sabría que paga más equis años para hacer tal o cual obra o resolver un problema. Esto exigiría reducir la tarifa estatal, que ahora es del 56% y, lógicamente, no admite recargo.

P. Felipe González insinuó en la investidura un cambio de las reglas del juego si no se llegaba a acuerdos rápidos sobre los nombramientos constitucionales. ¿Ha habido avances?

R. Ha habido contactos con el PSOE, pero quiero decir que sería de enorme gravedad que el presidente del Gobierno concretara su amenaza de un cambio en las reglas del juego. Sería romper un consenso constitucional. Estamos dispuestos a llegar a acuerdos, pero el partido socialista debe saber que el PP no acepta tratar sólo los temas que les interesen a ellos, sino los que interesan a todos los españoles y, además, que queremos cambiar el modelo socialista según el cual las mayorías de las cámaras se trasladan a cualesquiera otras instituciones. Queremos que el defensor del pueblo o los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean profesionales, independientes, de la sociedad civil y con prestigio social. No tiene sentido que quien controla la legalidad o las cuentas del Estado o defiende al ciudadano frente a la Administración sea un reflejo de la propia Administración o de la oposición.

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