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Editorial:

Lengua y paz

SECTORES ULTRADERECHISTAS de la sociedad han cometido en los últimos días un gigantesco error. Manipulando la protesta de unas docenas de familias por no poder escolarizar a sus hijos en castellano han decretado que la Generalitat practicaba la persecución de este idioma para exterminarlo, como lo intentó el franquismo contra el idioma catalán.Quienes propiciaron la guerra civil apelando a la lucha contra el rojoseparatismo reinciden, con artillería gruesa, en una cuestión delicada que exige, sobre todo, información solvente y actitud constructiva. Afortunadamente, no existen en la España de hoy las crispaciones de entonces. El objetivo de quienes pretenden enfrentar a los ciudadanos de Cataluña entre sí, y a los catalanes con los otros españoles -a cuenta de la lengua, del IRPF o de lo que sea-, es menos ambicioso: abortar los pactos del nacionalismo de Jordi Pujol con el Gobierno de Felipe González.

Pujol era visto por ellos como el vencedor de los socialistas, y así, halagado hasta la náusea. Ahora le condenan porque su colaboración a la gobernabilidad de la legislatura puede suponer la prolongación del PSOE en el Gobierno. No hay más, políticamente, que el intento de arrojar al país a una inestabilidad que aboque al adelantamiento de las elecciones. Quizá haya algo más, financieramente: personajes de esa misma prensa de la caverna que ahora han hecho la analogía entre Pujol y Franco han asesorado la imagen del Gobierno de Pujol a cambio de una contraprestación económica sustanciosa, relación que debe ser periódicamente renovada. Dicho Gobierno debería despejar las dudas de que esté siendo sometido a chantaje.

No hay guerra civil por la lengua en Cataluña. La normalización lingüística se desarrolla desde hace más de diez años con paz civil y consenso social y político, fomentando el otrora perseguido idioma catalán y con garantías para el cabal conocimiento del castellano, como exige el orden constitucional. Quienes extrapolan problemas concretos deformando, en el espejo cóncavo de intereses sectarios su alcance y entidad practican el peor separatismo, el de los separadores, de cruenta raigambre, aunque hoy sea, intelectual, social y políticamente, residual.

Las exageraciones dificultan la discusión útil de la cuestión lingüística. Sin complejos por esa manipulación, hay que examinar serenamente, a tenor de los problemas suscitados en algunas escuelas -aunque fuesen mínimos, pues los derechos individuales no se miden por el número de afectados- y de las normas autonómicas, si debajo del conflicto general que algunos inventan sólo hay la absoluta nada o una fricción latente que pudiera degenerar.

Algunas normas de la Generalitat para este curso escolar resultan inadecuadas y pueden llegar a laminar el magnífico consenso que ha presidido hasta ahora la cuestión. Desde la Ley de Normalización Lingüística de 1983 se ha buscado evitar la fractura en dos comunidades lingüísticas mediante una red unificada que permita a los escolares el dominio de las dos lenguas oficiales -lo que se ha logrado-, enderezando así la injusticia histórica cometida con los catalanohablantes, aún no plenamente restañada.

El objetivo de evitar esa fractura se instrumentaba con una inmersión de los castellanohablantes en el catalán. Por ella, la escuela impartía todo en catalán, salvo la asignatura de castellano. Eso requería el voto unánime del consejo escolar, en el que están representados los padres. Se introducía, pues, aunque de manera harto insuficiente, la voluntariedad paterna individual, mediatizada por una decisión colectiva. El incremento de las escuelas que Adoptaban este sistema no ha mermado el conocimiento del castellano, que goza de excelente salud en tierras catalanas. Los padres que no deseaban la escolarización en catalán podían optar por una escolarización mayoritariamente en castellano.

Este curso, sin embargo, la Generalitat -mediante circulares internas a los centros escolares que instruyen sobre cómo aplicar un decreto anterior- ha establecido para toda la primaria que "normalmente" el catalán deberá ser la lengua vehicular de la enseñanza. Esa circular no tiene valor normativo, pero sí factual. La presión que supone, unida a la mayor autonomía de los centros dispensada por la LOGSE, a las dificultades de los consejos escolares para lograr una opinión que satisfaga a todos los padres y a la necesidad de no crear dos redes paralelas de enseñanza, se concita para crear un problema de difícil solución. ¿Cómo satisfacer a la minoría que desea enseñar a sus hijos en la lengua escolarmente minoritaria? Hay mecanismos previstos: profesores de refuerzo, diversidad de modelos escolares en una misma zona... Deben aplicarse. sin cicatería. En cualquier caso, todos deben respetar el artículo 14.2 de la Ley de Normalización, en el que se afirma que "los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o el castellano", lo que la Administración debe garantizar. Y la inmersión debe ser instrumentada con prudencia: la competencia en una lengua no se adquiere sólo mediante el aprendizaje de su gramática, sino por la habilidad en su uso.

El proceso normalizador -pese a que en algunos de sus extremos fuera discutible- ha sido eficaz para el conocimiento de ambos idiomas y para la recuperación social de una lengua que fue humillada. ¿Por que forzar un modelo cuando el procedimiento puede ser acordado? Hay que adoptar medidas automáticas para garantizar los derechos de las minorías, evitando sembrar semillas de conflictos futuros. Hay que proteger todos los derechos fundamentales. Los errores, en las circulares o en la práctica, deben ser subsanados. Porque Cataluña tiene y quiere dos lenguas. Y una sola paz. Mal que les pese a algunos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 19 de septiembre de 1993