LA ARQUITECTURA PÚBLICA.

Las grietas sufridas por el ruedo obligan a rescatar lo que dijo Miguel Ángel Pascual, ex gerente del Instituto de la Vivienda de la Comunidad, cuando se inauguró: "Queríamos casas en las que se compaginara la calidad y la arquitectura. Estaba en nuestra mente quitarnos la espina heredada del franquismo en viviendas sociales, que se venían abajo en pocos años".La responsabilidad de que a Sáenz de Oiza se le hayan abierto grietas en los ladrillos de una pared curva del ruedo -un emblemático edificio de viviendas sociales promovido hace tres años por el Ivima- está por dilucidar. El autor, por si acaso, ha sorprendido incluso a sus acólitos al defender como posible causa del suceso una "reciente propiedad" de la cerámica de los ladrillos: "la dilatación potencial a largo plazo". El arquitecto concede que "el escaso apoyo del ladrillo en la estructura de la planta, si bien perjudica, tampoco parece ser factor determinante".

Las pruebas encargadas por el Ivima a una empresa de control de materiales han sido esclarecedoras: "El coeficiente de dilatación de un ladrillo nuevo es todavía mayor que el de los del ruedo. El ladrillo, a la intemperie y en condiciones normales, no tiene por qué dilatar", explica Miguel Palmero, gerente del Ivima.

Apurar la normativa

Palmero piensa que Sáenz de Oiza ha apurado la normativa y el riesgo en muchos ingredientes: "Las juntas de dilatación están, cada dos portales en la zona donde da el sol, y cada tres, en la curva umbría; las ventanas son muy pequeñas y, por tanto, mayor es la masa de ladrillo, y, además, el forjado es curvo".

Varios arquitectos, incluso declarados discípulos del maestro Oiza, se han extrañado de sus argumentos. "Las juntas de dilatación se suelen situar cada 25 metros, y ahí están cada 40". "Todo el mundo sabe que el ladrillo no se expande". Otros prefieren no opinar: "El problema es un mal menor que sólo precisa reparar las grietas".

"Hay una doble moral para las viviendas públicas, porque hace un año y medio pasó lo mismo en la casa que está junto al ruedo, unos bloques privados también en curva, y nadie dijo nada", comenta Fernando Macías, jefe del departamento de Edificación Deficiente.

Las obras del ruedo las dirigieron Francisco Javier Sáenz de Oiza, padre e hijo, por lo que, en este caso, no sirve la disculpa que esgrime Pérez Arroyo cuando surgen desperfectos en sus muchas obras encargadas por el municipio de Madrid: Rockó-dromo de la Casa de Campo, Planetario, Faro de Moncloa, aparcamiento de la Casa de la Villa... El arquitecto protesta: "¿Por qué se empeña el Ayuntamiento en no permitir su ejecución a los autores del proyecto?".

El dilema es clave. La legislación vuelca en la figura del director de obra toda la responsabilidad de una construcción. El pasado 9 de agosto, cuatro placas de acero de 65 kilos se desprendieron del Faro porque estaban mal sujetas. ¿Quién hubiera cargado con la responsabilidad si una de esas láminas fulmina a una persona? En este caso, dos funcionarios municipales actuaron de directores de obra.

El autor se ha exculpado. El edificio estaba en garantía y la constructora, Entrecanales y Tavora, ha sufragado la reparación. Algunos compañeros de Pérez Arroyo entienden que colocar sobre el fuste de hormigón del faro chapas de acero inoxidable no es ninguna innovación, pero sí un detalle suficientemente importante como para especificar claramente en el proyecto el tipo de sujección.

El Ayuntamiento de Madrid suele encargar el proyecto a un arquitecto y la ejecución a otro profesional municipal. Este funcionario asume con su firma unas graves responsabilidades civiles, y en la mayoría de los casos es visto por el autor como un comisario. De paso, el Ayuntamiento se ahorra pagar el 1,5% del presupuesto que, como media, habría cobrado el arquitecto no funcionario por la dirección de obra.

Los críticos de este sistema cuestionan que este funcionario pueda interpretar y modificar la obra que ha pensado otra persona. Oswaldo Román, viceconsejero de Política Territorial de la Comunidad, entiende que la responsabilidad es tan excesiva con relación a la nómina que el funcionario puede relajarse en su control. "Además, se le da una vía de escape al que redactó el proyecto", dice Román. Es partidario de una dirección compartida. Palmero sostiene que el Ivima tiene un buen equipo de técnicos, "pero para la supervisión administrativa de las normas".

Tanto Fernando Macías como Pío García Escudero, jefe del departamento de Rehabilitación de la Empresa Municipal de la Vivienda, mantienen posturas contradictorias. Su profesiones liberales les llevan a defender la inviolabilidad de 1a propiedad intelectual" de los arquitectos. Por sus experiencias en la Administración, justifican que el Ayuntamiento quiera durante la ejecución de un proyecto "aproximarlo" a la idea original de los responsables políticos al convocar el concurso.

Aurelio Escallada, responsable del Servicio Municipal de Infraestructuras, afirma: ".El dinero es del Ayuntamiento y debe ser administrado por un funcionario". Román apostilla: "Yo, Administración, soy el que pago y tengo que mandar".

Andrés Perea, restaurador del palacio de Maudes, rechaza el poder omnímodo del dinero sobre la arquitectura: "El proyecto es sólo una fase intermedia donde se documenta una creación".

tecto y del director de obra son bien distintas: "Hay grandes proyectistas que no tienen ni idea de construcción". Los hay más conciliadores: "Una buena partitura puede ser interpretada por muchos músicos. Es posible la ejecución de un buen proyecto por otro arquitecto. Todas las obras sufren modificaciones importantes durante su construcción, y ahí es mejor que intervenga el autor".