Los tres adversarios del compás

Los arquitectos españoles rezuman descontento cuando trabajan para la Administración. La mayoría critica que las prisas de los políticos les impiden definir correctamente los proyectos. Estos, además, son constantemente modificados con el fin de ajustar los presupuestos. Los profesionales también consideran que la Administración es un mal cliente porque,, exige poco", lo que redunda en una falta de control y propicia algún "disparate". Contra estas opiniones, los políticos aseguran que su misión es salvar al erario público de los "caprichos" de estos artistas.

Salvador Pérez Arroyo enumeró, en un artículo publicado en EL PMS el pasado martes, las dificultades que se ciernen sobre el arquitecto. Existen "fuertes presiones económica y políticas, bajas económicas de hasta el 50%, fechas políticas de inauguración", decía. Se refería a los plazos reducidos y los presupuestos recortados con los que trabaja la Administración. El arquitecto Javier García Alba resume así las consecuencias: "Las bajas económicas van en detrimento de la calidad y las prisas, de la buena ejecución". - -

Los presupuestos a la baja son moneda corriente en los concursos públicos, sobre todo desde que la crisis atenaza el sector de la construcción. Según el informe de la Asociación de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional (Seopam), las empresas han pasado de ofrecer, en 1990, precios con rebajas del 15,6% sobre el presupuesto inicial a presentarse a los concursos con bajas del 32,4%.

Las empresas necesitan conseguir obras para evitar su defunción, justifican las constructoras, y las administraciones, alguna más que otra, se aprovechan de ello. "El Ayuntamiento de Madrid es especialmente desagradable en esa cuestión de adjudicar a la baja", explica un arquitecto.

Oswaldo Román, viceconsejero de Política Territorial de la Comunidad, plantea "una manera más razonable de contratar desde las administraciones y una regulación de la baja temeraria". "Con 10 puntos por debajo de la oferta media ya no se puede hacer la obra y tenemos que rechazarla", indica. En el Ayuntamiento, teóricamente, este rechazo se produce cuando las constructoras se presentan con bajas inferiores en un 12% al presupuesto. Pero del dicho al hecho... Responsables de ambas administraciones reconocen, sin embargo, que están contratando con bajas del 25%, y que las empresas hacen estas ofertas simplemente por imagen y por no tener las máquinas paradas.

Miguel Palmero, responsable del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), pretende establecer otros baremos de contratación: "En el futuro definiremos un precio y, a partir de ahí, que las constructoras nos ofrezcan calidad". La experiencia del Ivima sitúa los costes de "la no calidad" a largo plazo y por vicios ocultos en un 1% de la inversión realizada. El Instituto de la Vivienda construye entre 3.000 y 4.000 viviendas al año, con inversiones superiores a los 30.000 millones de pesetas.

Modificar el proyecto

"Es un error adjudicar a la baja porque, al final, nunca se cumple la oferta que se presentó. Durante la construcción siempre pasan cosas que alteran el presupuesto", explica Francisco Jurado, el arquitecto que está restaurando el acueducto de Segovia. "Siempre que se hace una baja del 30% supone una modificación del proyecto original", comenta García Alba. "El Faro de Moncloa se adjudicó con una baja de ese importe, pero ya había habido una modificación: el fuste, que iba a ser de acero corten, se hizo finalmente de hormigón revestido de acero inoxidable".

Los arquitectos también se quejan de las prisas que imponen los políticos. Los ritmos de la Administración impiden que se entreguen proyectos definidos al 100%, "algo impensable en otros países, donde se prevé hasta el último tornillo".

"Al autor se le debe exigir la completa definición de los elementos de todo el proyecto de ejecución", explica un arquitecto. "Pero los plazos que imponen las administraciones lo hacen imposible y obligan a trabajar sobre la marcha. Hoy defines la carpitería, mañana el revestimiento... ".